No siempre hemos coincidido, pero esta vez estamos de acuerdo con José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegán, en sus objeciones públicas a la proyectada reglamentación vía decretos que han estado en consulta para los correspondientes comentarios, en relación al papel y defensa de los campesinos.

Oportunidad de controvertir o sugerir cambios que, valga mencionarlo, es una buena práctica del gobierno, en este caso del Ministerio de Agricultura, que lamentablemente en otras materias no se ha aplicado. Solo para recordar cuando el Ministerio del Medio Ambiente extendió, sin consultarles a estos, el Parque Natural Sierra Nevada, afectándolos al prohibirles la actividad agropecuaria. La misma decisión que ha pretendido menoscabarle a Valledupar la posibilidad de tener un embalse para, entre otros propósitos, regar nuevas tierras para producir alimentos.

Si nadie se opone a la reforma agraria, y vienen acordándose compraventas y titulaciones a campesinos, ¿para qué llamar a defenderla? Si la reforma agraria es integral (más allá de la tierra, incluye el apoyo en asistencia técnica, bienes públicos como carreteras, puestos de salud, conectividad digital, seguridad) y esa condición es de competencia y de responsabilidad del Estado, para qué crear ‘ruido’ innecesario.

Además, de que el clima de la violencia en los campos no es bueno, acaso no hay bastante movilización y bloqueos en el país para convertirlos en decreto, o ¿recordarnos la existencia de esos hechos notorios?; ¿alguien duda de que protestar es un derecho constitucional? ¿Acaso está prohibido que alguien se movilice y salga a la calle a favor de un gobierno?

Hay crisis, provocaciones, malentendidos. Esa tal movilización campesina siempre la ha habido; al contrario, la expedición del decreto podría sabotear el mismo proceso de reforma agraria en que se empeña el gobierno. También genera bravuconas y desmedidas reacciones de desconfianza y miedo en algunos miembros de la comunidad ganadera y de propietarios en general, que han estado, desde el punto de vista político, en orillas distintas a las del hoy presidente de la República.

La ministra Mojica, con dulces palabras que traducen buena fe y ‘afán de acertar’, ha dicho en entrevistas en los medios que solo se ha comprado en el país un predio de los ofrecidos y que no debió hacerse porque era productivo, poniendo el objetivo ahora en tierras sin problemas legales, de cierta extensión, preferiblemente en la Costa Caribe, fértiles y hoy improductivas o cuasi abandonadas. Pero decimos: la responsabilidad de comprar es de su cartera, salvo que haya una posición concertada -que no tendría sentido- de los propietarios de pretender que se les compre caro y objetar los avalúos comerciales.

Este tema dará mucho de qué comentar, más al aumentarse la tensión con ocasión de la invasión del predio El Toro, en el municipio de Codazzi, y su proceso no concluido de desalojo, que está poniendo a prueba a las instituciones públicas, al Gobierno nacional y al municipal, a la fuerza pública y al gremio de ganaderos.