El supuesto “Pacto de Valledupar” está en el centro de una controversia política y judicial por las reuniones que sostuvieron, en octubre de 2025, antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y funcionarios del Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Dichas reuniones estuvieron bajo la secretaría técnica de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y su asesor Víctor de Currea Lugo, con el apoyo de Jorge Arturo Lemus, director nacional de Inteligencia, y exjefes paramilitares, como Salvatore Mancuso.
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Las denuncias apuntan a presuntos ofrecimientos de beneficios jurídicos y carcelarios a exjefes paramilitares a cambio de declaraciones contra dirigentes de la oposición, señalamientos que han generado cuestionamientos sobre el alcance de esos encuentros y los compromisos discutidos.
