El revuelo nacional por las supuestas reuniones clandestinas entre emisarios del Gobierno nacional y exjefes paramilitares en la capital del Cesar escaló formalmente a los estrados judiciales. A través de un oficio radicado este lunes 19 de octubre ante la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, solicitó abrir una investigación penal con rigor para esclarecer lo que realmente ocurrió en el denominado «Pacto de Valledupar».
El documento del jefe de la cartera jurídica pone la lupa sobre los señalamientos ventilados en los últimos días tras las confesiones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); una columna de opinión de Melquisedec Torres en El Colombiano; y las recientes declaraciones a Caracol Radio de Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso.
«No se trata de asumir que sean ciertos, sino de establecer qué ocurrió y si alguien intentó utilizar la justicia para vincular falsamente a personas con delitos», advirtió Cancino en la apertura de la misiva dirigida al búnker de la Fiscalía.
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Las citas en Valledupar bajo la lupa
