El proceso legal que terminó en el Consejo de Estado nació cuando las máximas autoridades de la comunidad yukpa asentada en la serranía del Perijá, presentaron una acción de tutela con el fin de que se “amparara sus derechos fundamentales a la consulta previa”.
El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó al Ministerio del Interior, Ambiente y a las empresas que participan en el proyecto minero, suspender el desarrollo de la actividad minera hasta tanto la Agencia Nacional de Tierras no delimite el territorio ancestral yukpa.
