La Ley 1977 de 2019 señala que los alcaldes de los territorios que no contaban con la certificación deberán definir un plan de gestión de acuerdo con parámetros establecidos por el Ministerio de Vivienda.
Principalmente se estarán evaluando cinco temas que se han convertido en irregularidades en el municipio. Con esto, generar control en las entidades prestadoras de servicio.