La Procuraduría se pronunció frente al anuncio de la Supertransporte de disolver Ruta del Sol S.A.S.
Por haber elegido a la Secretaria General del Concejo sin haber hecho convocatoria pública, la Procuraduría Provincial de Valledupar, en cabeza de Edgardo Maestre, abrió indagación a los concejales del municipio de La Paz, Cesar.
Por presuntas irregularidades en la destinación de subsidios a los servicios de aseo en el municipio es investigado ‘Luchito’ Peñaloza.
La Procuraduría señaló que las pruebas recaudadas permitieron determinar que Merchán Prieto obligó a la teniente a tener una relación íntima.
El Ministerio Público aseguró que no había impedimento para que interviniera en discusión de la JEP.
Luego de la dación de pago, la firma saldó la deuda y los intereses del impuesto predial, pero ahora fue el Municipio el que quedó en deuda. Sobre esos lotes también hay acusaciones de fraudes a otros compradores.
El alcalde Augusto Ramírez Uhía deberá explicar al Ministerio Público supuestas irregularidades que involucran a la firma Lascano Morales & Hijos.
Varios de los corporados esperarán a ser notificados por edicto para luego impetrar acciones de tutela o demandas de nulidad.
La Fiscalía y la Procuraduría pidieron a la Corte Suprema de Justicia condenar al exgobernador del Cesar Lucas Gnecco, “por irregularidades en la firma de once contratos para suministro de implementos escolares durante su mandato”, según reportó el noticiero CMI.
A través de la Directiva 08 y la Circular 07, la Procuraduría General de la Nación les recordó a los funcionarios públicos las prohibiciones que tienen para participar en política con miras a las elecciones del próximo 27 de octubre.
La última decisión de la Procuraduría de inhabilitar a 16 concejales de Valledupar es solo el comienzo de un convulso camino en el que los ediles buscarán en unidad tumbar la legalidad del acto, mientras los posibles entrantes hablan de empezar a realizar “un verdadero control político”.
Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años a 16 de los 19 concejales de Valledupar, todos ellos, que aspirarían de nuevo a ese cargo.
Amanecemos con una lamentable noticia para el acontecer político local que perjudica, como siempre ocurre, al ciudadano de a pie, por diversos factores: el Concejo Municipal debe hacer cambio de 16 de sus 19 concejales, ¡a siete meses de concluir periodo constitucional!
Vives Fernández dijo que “sin ninguna dificultad y sin ningún impedimento” asumirá el cargo y manifestó estar preparado para ser de nuevo concejal de Valledupar.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años a 16 concejales de Valledupar por irregularidades en la elección del contralor de la ciudad, Omar Javier Contreras Socarrás.
En Chiriguaná los tres concejales sancionados volvieron a sus cargos, gracias a una acción de tutela fallada a su favor por el Juzgado del Circuito.
La citación obedece a una queja interpuesta por un ciudadano, debido a posibles irregularidades disciplinarias en las que pudo haber incurrido Contreras Socarrás en su condición de contralor municipal de Valledupar para la época de los hechos.
El Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones del exalcalde que buscaba la nulidad de dos procesos en la Procuraduría.
En año electoral, el procurador Fernando Carrillo hizo una dura acusación en contra de los intereses de algunos candidatos a las alcaldías municipales.
Por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato, ‘Luchito’ Peñaloza fue citado a audiencia pública.
El 21 de febrero se adjudicará el contrato. A los 5 días, en promedio, se empieza a ofrecer el servicio.
Inicialmente se creyó que Alexa Henriquez asumiría el cargo para lo que restaba del período constitucional.
En 2014, Maya había sido convocado a audiencia pública por la Procuraduría por presuntamente actuar a pesar de la existencia de una causal de conflicto de interés, al expedir la Resolución 1640 en el 2010, mediante la cual modificó la forma de pago de los estímulos económicos,aumentando su salario.
El ente de control revocó el fallo de primera instancia que profirió la Procuraduría Primera Delgada para la Vigilancia Administrativa, en el que se absolvía a la mandataria y a los concejales que fueron investigados por elegir a Luzoan Caro Padilla.
