Ante el anuncio de la Superintendencia de Transporte de la disolución de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, el procurador general de la Nación encargado, Juan Carlos Cortés González, dijo que cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la misma tendrán que sujetarse a las decisiones judiciales.
Es así como el Ministerio Público inició una vigilancia al proceso, teniendo en cuenta que el anuncio de la Superintendencia se conoce 13 días antes de que un Tribunal de Arbitramento resuelva si declara nulo el contrato por los sobornos que comprometen a Odebrecht.
Ante esto solicitó los antecedentes, soportes, documentos y demás sustentos que llevaron a tomar la decisión de convocar a la concesionaria al proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, así como de las medidas adoptadas para proteger a los terceros de buena fe, ante lo que la Supertransporte llamó “situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”.
