Según la Procuraduría General de la Nación, en el país hay 315 municipios en riesgo por conductas relacionadas con delitos electorales. Solo en la región Caribe hay 74 en riesgo alto. Delitos electorales que ponen en peligro la transparencia y la libre concurrencia de las elecciones.
Entre las promesas de campaña y el debate electoral, todo parece válido. Aunque algunos conocen la ilegalidad de sus comportamientos, otros candidatos incurren en delitos electorales por desconocimiento de las normas.
En Colombia, el Código Penal consagra 16 delitos electorales, desde constreñimiento al sufragante, voto fraudulento, tráfico de votos, fraude a inscripción de cédulas, corrupción al sufragante, entre otros.
