Una pena de cuatro a ocho años de cárcel podrían enfrentar los agresores de servidores públicos.
Ni uno solo de los “documentos” que lista la mayoría como sustento para su posición tiene el carácter de norma jurídica, son apenas opiniones. Además, en el 2006 la Corte ya había abordado todos y cada uno de los aspectos que ahora decide en sentido distinto.
