El agente interventor detalla cómo la intervención ha congelado embargos y demandas por pasivos judiciales que suman cerca de $65.000 millones, permitiendo que el hospital mantenga sus operaciones mientras trabaja en mejorar su gestión financiera y recaudo.
El interventor deberá desarrollar un plan de acción que “permita garantizar la prestación de los servicios de salud, trabajar en subsanar las graves deficiencias encontradas y procurar la estabilización de los principales indicadores de gestión”.
