EDITORIAL

El Gran Hermano

El país no sale del asombro y el repudio cuando se descubren, poco a poco, capítulo por capítulo, todas las actividades mal hechas que se adelantaban desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las declaraciones dadas por el ex director de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, a la Fiscalía General de la Nación, que confirman […]

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Por:

@el_pilon

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El país no sale del asombro y el repudio cuando se descubren, poco a poco, capítulo por capítulo, todas las actividades mal hechas que se adelantaban desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Las declaraciones dadas por el ex director de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, a la Fiscalía General de la Nación, que confirman el espionaje y seguimiento que se les hacía a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los senadores, Piedad Córdoba, y Gustavo Petro, integrantes de movimientos de oposición al gobierno, como también a periodistas críticos del gobierno, como es el caso de Daniel Coronel, director de Noticias Uno, demuestran que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se hizo un manejo inadecuado de ese organismo oficial.
Lo más grave de las declaraciones de Tabares es que ratifican que todo ese seguimiento y espionaje ilegal e inconstitucional se hacía bajo las instrucciones de la misma Casa de Nariño, a través de un alto funcionario, como es el caso del Secretario General, Bernardo Moreno, uno de los hombres de confianza del Presidente Uribe.
Antes ya había sido vinculado al mismo tema, el economista Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), y otros altos funcionarios de la misma institución, como también del Palacio de Nariño, entre ellos el Jefe de Prensa, César Mauricio Velásquez.
La interceptación de llamadas, violación de la correspondencia y de la intimidad de las personas, principalmente de opositores y críticos del gobierno, como también de funcionarios de alto rango y de otras ramas del poder público, tradicionalmente han sido practicadas por las peores dictaduras de derecha, como las que vivió América Latina durante la década de los sesenta y setenta, pero no son tareas de un gobierno civil y elegido democráticamente. Este caso constituye, sin lugar a dudas, una de los capítulos negros del gobierno que está por terminar.
Todas estas acciones nos recuerdan a esa novela de ficción “1984”, escrita por George Orwell, en la cual de manera futurista criticaba el gran poder y control que el Estado tendría sobre el individuo, en contra de la libertad y la intimidad, al que llamaban el Gran Hermano (El Estado).
Orwell previó y narró escenarios en los cuales, a través de los avances en la informática y las telecomunicaciones, la telemática, las llamadas nuevas tecnologías, las distintas entidades del Estado vigilan a todas las personas. En el gobierno de Uribe, muchos de sus funcionarios actuaron como los administradores de ese Estado gendarme y policía, al que el escritor citado llama “el Gran Hermano”.
Los hechos conocidos y denunciados por distintos medios de comunicación, entre ellos la revista Semana, pero también el noticiero Noticias Uno, Caracol Radio, y también RCN Radio, demuestran que se violó la Constitución y la Ley, al utilizar una entidad del Estado, como es el DAS, no para hacerle seguimiento a la delincuencia común, a la guerrilla o al narcotráfico, sino a personas de bien, a quienes se les violaron las más mínimas libertades y derechos.
El caso de Watergate, en el cual el dirigentes del Partido Republicano espiaban a la sede y los movimientos del Partido Demócrata, que constituyó una de las más graves crisis políticas de Estados Unidos y que concluyó con la caída del gris presidente Richard Nixon, parece – a la luz de hoy- un juego de niños, comparado con todo lo que se está conociendo y denunciando que sucedió en Colombia.
Lo mínimo que se espera en este caso del espionaje desde el DAS, es que se investigue a fondo todo, se determine y se juzgue a sus responsables, sean quienes sean, y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Los colombianos no podemos aceptar que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones que vulneran la libertad de las personas y afectan el sistema democrático.
Sobre esta situación tendrá que pronunciarse el Congreso que acaba de iniciar funciones y también el nuevo gobierno, que presidirá Juan Manuel Santos, quien tendrá que explicar si como Ministro de Defensa conoció de estos casos y cuáles fueron sus actuaciones ante los mismos.  Este tipo de prácticas que hoy la tecnología le permite y facilita al “Gran Hermano”, requiere estrictos controles y reglamentaciones, aún en los casos en los cuales se justificaría, como es la persecución de la delincuencia y el terrorismo.

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