La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó la opción para que los ciudadanos consulten si fueron designados como jurados de votación para las elecciones a Congreso de la República que se realizarán el próximo 11 de marzo.
Mañana inicia el interrogatorio contra este y otros 15 aspirantes al Congreso de la República que habrían incurrido en el delito de elección ilícita de candidatos.
Las tareas de los senadores y representantes a la Cámara en Colombia están basadas en tres puntos: legislar, gestionar y hacer control político, pero algunos llegan al Congreso de la República a ‘calentar silla’.
Con el apoyo de los familiares de policías y soldados, Ronald Arenillas Manjárrez busca ganarse una curul en el Congreso de la República por Opción Ciudadana.
Los cesarenses no votan cesarense. Aunque el abstencionismo también es alto en el Cesar, en las elecciones parlamentarias de 2014, el departamento pudo tener otra curul en el Senado de la República, pero la mayoría de los votos se fueron para candidatos de otras regiones.
El candidato a la Cámara por el Centro Democrático asegura que su fortaleza para llegar al Congreso de la República está en su compromiso de servir.
Son 44 los candidatos que se inscribieron por el departamento del Cesar, pero sólo cuatro serán los elegidos para ocupar una silla en el Congreso de la República.
La dirección nacional de la UP aprobó por unanimidad el nombre de Aída Avella, como cabeza de lista al Senado de la República.
Hasta la fecha 1.641.635 ciudadanos se han acercado a inscribir su documento de identidad para cambiar su lugar de votación.
El creador del proyecto de Ley para conmemorar las primeras cinco décadas del departamento, Emiliano Zuleta Arzuaga, recibió moción de reconocimiento, conferida por el Congreso de la República.
El exalcalde de la Jagua de Ibirico, Didier Lobo, está involucrado en un escándalo de alimentación escolar y tiene aspiraciones al Senado de la República.
El Presidente Santos reveló que el proyecto de adición presupuestal que se tramita actualmente en el Congreso de la República contempla una adición de 170 mil millones de pesos.
Ni los representantes del gobierno departamental ni los gremios productivos ven con buenos ojos el proyecto de Ley de Tierras que pretende implementar el Gobierno Nacional vía ‘fast track’ (vía rápida) ante el Congreso de la República.