En el caso del departamento del Cesar, la Procuraduría aseguró que 26 de los inscritos tendrían inhabilidades, 25 de los cuales aspiran a los concejos municipales y uno a la Asamblea Departamental.
Los reportes corresponden al registro de las sanciones penales, disciplinarias, fiscales, pérdidas de investidura y condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas.