La construcción de la inspección de Policía priorizó la contratación de mano de obra no calificada residente en el corregimiento de Boquerón logrando emplear a más de 60 personas.
Durante la ceremonia de graduación, se contó con la presencia de docentes, estudiantes, padres de familia, y líderes de la comunidad.
Las cinco obras de infraestructura corresponden a: la intervención y ampliación del Centro de Desarrollo Infantil; el mejoramiento y adecuación del centro de salud; la construcción del parque central; de una cancha deportiva; y de la inspección de Policía.
La víctima tenía 18 años de edad.
Marticela ha enfrentado y superado numerosos desafíos, convirtiéndose en un ejemplo notable de empoderamiento y responsabilidad.
La multa, que asciende a $1.739 millones, se debe, según la entidad, “a la falta de implementación de las barreras vivas o barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles”.
Este corregimiento carece de acueducto y alcantarillado, una realidad que ha sido cuestionada por diferentes sectores de la sociedad por ser La Jagua de Ibirico un municipio minero.
También dispuso que la comunidad del centro poblado cuente con la infraestructura necesaria para el acceso y disponibilidad de servicios públicos.
La comunidad de Boquerón bloqueó en señal de protesta que conduce a la empresa Drummond por falta de oportunidades laborales.
El caso más avanzado es el reasentamiento de las familias de Plan Bonito, en El Paso. Según informes de Drummond, el avance es del 95 %, sin embargo no se ha podido finalizar por la situación de las dos empresas que pararon.
Como una segunda oportunidad, para retomar la senda, durante la audiencia de este jueves se establecieron nuevos compromisos en favor de la comunidad minera.
Dicho plan se debe presentar en un plazo de tres meses ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para su evaluación y aprobación.
