En el 2010, el Ministerio de Ambiente impuso a las empresas mineras CNR, Drummond Ltd. y Grupo Prodeco la obligación de reasentar a las comunidades de Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo, como medida preventiva tras un estudio predictivo de calidad de aire. Según las proyecciones oficiales se pronosticó que los límites permisibles de contaminación en el aire serían sobrepasados, por lo cual las comunidades resultarían impactadas en su salud y calidad de vida.
Dentro de lineamientos internacionales se estableció que se adquirirían las tierras y se daría un reasentamiento. Las resoluciones señalaban que los procesos debían darse en un plazo de dos años, sin embargo los tiempos no se cumplieron, aunque las mineras señalaron desde un inicio que era imposible ese plazo.
Once años después muchas cosas cambiaron y dos de las empresas responsables, CNR y Prodeco, suspendieron operaciones. En primer lugar, CNR está en proceso de reestructuración a través de la Ley 1116 de 2006; y Prodeco en un proceso de entrega de títulos mineros.
