Fallas en el proceso de desinfección y la falta de plantas de tratamiento en óptimas condiciones son algunos de los factores que han influido en que el agua de varios municipios no cumpla con los estándares sanitarios establecidos para el consumo.
La Ley 1977 de 2019 señala que los alcaldes de los territorios que no contaban con la certificación deberán definir un plan de gestión de acuerdo con parámetros establecidos por el Ministerio de Vivienda.