Las conclusiones del consejo de seguridad que oportunamente convocó el gobierno departamental en el municipio de Pelaya, después del criminal atentado contra el territorio y el desarrollo de nuestro entorno, es un indicador del modelo de gestión del orden público que hizo carrera en éste “régimen de traslados” desde algunas regiones.
En efecto, se conocieron los detalles de la violenta incineración de maquinaria amarilla y de carga de las empresas KMA Construcciones S.A.S. y Ortiz Construcciones en los frentes de obra que mejoran la competitividad de la Troncal del Caribe; volvimos a padecer la dimensión terrorista de quienes asentados en el Perijá imponen con sus lógicas de guerra, agendas extorsivas que hemos denunciado.
El acto del lunes es una afrenta contra todos los colombianos que demandamos la modernización del sistema de transporte vial; contra la región que urge vías alternas para superar los bloqueos y accidentes; contra la cadena de valor de bienes y servicios locales que requiere conexión segura, y por supuesto contra las empresas, los trabajadores y la confianza en nuestro medio.
