¿Cuál es el propósito de la Fundación Nuevo Poder Popular, la cual lidera?

Nos hemos dado cuenta que la gente está cansada de la forma tradicional de hacer política. Es una forma que no construye. Además, hay cansancio por las formas y el fondo y que la política se haga mediante prebendas. Entonces, nosotros proponemos un proyecto de largo aliento y de contenido. 

¿Cómo nace la Fundación Nuevo Poder Popular? 

En los años 80 habían dos grandes disidencias liberales: el Nuevo Liberalismo, de Luis Carlos Galán, y Poder Popular, de Ernesto Samper. Primero ocurrió el atentado contra Ernesto Samper, en marzo de 1989, y luego el lamentable homicidio de Luis Carlos Galán. 

Cuando salí de la Agencia Nacional de Tierra nosotros no encontramos en el Partido Liberal un espacio para proponer ideas de reformas rurales, a la justicia y a la política de drogas. Para evocar esas disidencias socialdemócratas creamos la Fundación Nuevo Poder Popular. Nosotros estamos convencidos que solucionando esos temas vamos a poder reencausar el rumbo del país, que se perdió con este Gobierno. 

Estamos hablando de dos disidencias del partido Liberal. Ya revivió el Nuevo Liberalismo… ¿entrará de nuevo Poder Popular? 

Se está reviviendo esta disidencia, con ideas nuevas, como por ejemplo, el papel transcendental de la tierra en la producción de alimentos, reducción de la violencia y protección del medio ambiente. 

¿Esas serán las propuestas centrales de este movimiento?

Tenemos 3 ideas fundamentales. La primera es sumar liderazgos para la causa por la tierra. En el río Guatapurí ocurre algo particular: en verano no hay suficiente suministro de agua; y en invierno hay agua pero está tan deforestada la orilla del río que por el sedimento que arrastra no llega a los hogares vallenatos. 

Estamos viendo que cada vez se erosiona más nuestro territorio. Un estudio reciente  del IDEAM  pronosticó que si se mantiene el ritmo de la deforestación en el departamento del Cesar, a la vuelta de 10 años Valledupar será la ciudad más caliente y seca del país. Eso tiene que cambiar. Y eso empieza por el tema de la tierra.

Segunda idea: los precios de los alimentos. Si hoy nos servimos un plato de ensalada en Valledupar, ninguno de esos alimentos se produjo en esta tierra porque se está erosionando, además que los campesinos no son dueños de los predios donde trabajan. Entonces sale más barato traer la comida de afuera que producirla.

Y tercera propuesta, la lucha contra el narcotráfico. La violencia urbana que sufren las ciudades, entre ellas Valledupar, es alimentada por los dineros que vienen del narcotráfico. La forma de cortarle el principal insumo al narcotráfico, que es la hoja de coca, es mediante un proceso de titulación de tierras. 

Entonces, nos damos cuenta que la tierra sirve para proteger el medio ambiente, producir el alimento y reducir la violencia. 

Hablemos de la concentración de la tierra en Colombia…

Nosotros tenemos el tercer peor índice Gini en concentración de la propiedad de la tierra a nivel mundial, el primero en Latinoamérica. El 0,1 % de los propietarios tiene el 60 % de las tierras de este país. Eso es inaceptable. Pero la solución no es quitarles las tierras para dárselas a otros.

Mi propuesta es: hoy día los impuestos que pagan en el sector rural no están ni cerca del límite legal. En promedio se paga el  0,3 % cuando el límite legal es 1,6 %. Están lejos del valor legal. Y se está pagando un 70 % menos del valor comercial: es decir, los precios  catastrales están un 70 % por debajo de lo que de verdad vale la tierra. 

¿Por qué acumula tierra la gente? Porque no existen impuestos que desincentiven esa acumulación. Cuando uno sube esos impuestos a niveles justos,  la gente pone a producir la tierra o la vende porque no le sirve tenerla en los famosos lotes de engorde.

La salida de Robin Hood ya no sirve: expropiar a unos para darle a otro. Lo que se necesita es generar incentivos para que pongan a producir la tierra. 

¿Hay cifras de la producción de la tierra en Colombia?

La vocación agrícola de Colombia la integran más o menos  23 millones de hectáreas. Se están utilizando para estos fines 4 millones de hectáreas. Vocación para ganado: 8 millones de hectáreas, y se están utilizando más de 20 millones de hectáreas. Estamos siendo ineficientes en el uso de la tierra. Eso también debe cambiar.

Volviendo a la política, ¿cuál será la apuesta política del movimiento? 

Estamos organizando una aspiración al Senado de la República. Ahora existe un mecanismo que estamos impulsando con nuestros candidatos en todo el país: los Consejos Locales de la Juventud. Alguien decía: “Los jóvenes no tienen nada qué decir, salieron a protestar porque no tenían mejor plan”. Yo creo que sí tienen mucho que decir y debe respetarse esa voz. Además, se deben canalizar todas esas demandas legítimas por un mecanismo representativo como son los Consejos Locales de la Juventud. 

¿Esta candidatura será desde un partido o desde un movimiento?

Nosotros estamos trabajando de la mano del Movimiento en Marcha, de Juan Fernando Cristo, porque creemos que hay una identidad ideológica y política, y compartimos la visión de que es mediante una política que nos una que podemos construir un mejor país. No mediante una política donde se miren los expedientes judiciales y no las hojas de vida. Eso no puede ser.

Tenemos que construir propuestas con candidatos con hojas de vida. Lo que nos interesa traer a la Coalición de la Esperanza son personas que tengan experiencia con las víctimas, en el trabajo rural, política de drogas. 

¿Cuál sería su agenda legislativa en el Senado?

 Lo primero es realizar una reforma rural integral. 

 Se ha hablado demasiado de ese tema en los últimos 50 años y nada…

Se han hecho 3 intentos de reformas rural integral y siempre son truncadas por organizaciones que quieren mantener el status quo. López Pumarejo lo intentó en 1936. Implementó la primera reforma rural del siglo XX, pero se vio truncado por los gobiernos conservadores que se oponían a una transformación del campo; Lleras Restrepo lo intentó en 1961 pero se vio truncado en el gobierno de Misael Pastrana por el denominado Pacto de Chicoral, donde se reunieron estamentos empresariales  y dijeron que debían olvidarse de esa reforma rural.

En el año 1994 se expidió la última reforma rural que se ha venido implementando con dificultades, pero que tuvo un empujón fuerte con el proceso de paz. Empezamos a implementar esa reforma, pero el actual Gobierno engavetó todos esos procesos. Lo que hemos enfrentado en los últimos 3 años del Gobierno de Iván Duque es un nuevo pacto de Chicoral. Es lo que debemos cambiar.

¿Cómo se cambia eso?

Masificando la propiedad rural; estableciendo reglas de adjudicación de baldíos exprés, y entendiendo que el campesino no come tierra: se necesita un encadenamiento productivo atado a la titulación de la tierra. 

Hoy día el  48 % de los campesinos del Cesar no son dueños de la tierra en que trabajan; eso les impide acceder a tierras, a subsidios, a mecanismos de acompañamiento técnico. Les cierra las puertas al desarrollo.

Es que el único argumento de una candidata del Centro Democrático (María Fernanda Cabal) casada con alguien de esta tierra era que los pobres eran pobres porque habían tomado la decisión de serlo. Eso desconoce todo lo que ha ocurrido. A ella le queda fácil decirlo porque heredó varias propiedades  en el Valle del Cauca, al igual que su marido heredó varias tierras en Agustín Codazzi.

Es muy fácil hablar en contra de los jueces agrarios cuando uno tiene más de 41 propiedades de origen rural. Les incomoda que estemos  haciendo propuestas para solucionar el tema de la tierra, que tantos conflictos ha generado en el país. 

Es un status quo difícil de romper…

Me preguntaban que cómo habíamos hecho, cuando era director de la Agencia Nacional de Tierras, para darle el título de propietarios a 62.000 familias campesinas en 2 años, si el Incoder entregaba 1.000 títulos al año.  Todo consiste en dos cosas básicas: voluntad y obrar con transparencia. Cuando se le mete corazón y calle, las cosas pueden transformarse. 

Durante la entrevista también ha insistido en la necesidad de transformar la política contra las drogas…

Debemos implementar una política contra las drogas inteligente. Hoy día las cárceles están llenas  de campesinos y consumidores mientras los grandes delincuentes siguen libres. Incluso ahora les proponen amnistía  general. 

Se deben atacar a los eslabones más fuertes, y a los campesinos y consumidores se les ofrece una alternativa. Y no volver al glifosato porque si vamos a asperjar con veneno todos  los campos de Colombia, que nos cuesta $72 millones cada hectárea, mejor asperjar con esa plata los campos. Lo que nos proponen es comprar un carro de $72 millones que solo nos prenderá tres días al año. Es el peor negocio que hay.

Por: Redacción EL PILÓN