Este miércoles se conoció que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar ofició a la Policía Metropolitana para que capture al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y pague tres días de prisión por desacato a una orden judicial que ordena a los alcaldes de la ciudad desalojar a los invasores de ‘Sábanas 1’, el predio del mayor Alberto Pimienta.

En una rueda de prensa, el mandatario sostuvo que es casi imposible desalojar a 30.000 personas. “Yo soy respetuoso de las decisiones judiciales, y vamos a ponernos a disposición de las autoridades cuando nos notifiquen. La verdad es que esta sentencia es de hace 11 años y las condiciones han cambiado totalmente. Se puede hablar de un desplazamiento legal, pero podríamos hacer una masacre, donde hay más de 30.000 personas. No estamos en posición para poder llevar a cabo ese desalojo”, señaló el alcalde. 

El mandatario municipal comentó que fijaron una fecha pero le están pidiendo ayuda al Gobierno nacional. “La misma sentencia nos pide que garanticemos la vivienda, el albergue. Desde 2011 a la fecha hay muchísimas más familias en ese predio. Con los abogados estamos buscando formas jurídicas para garantizar el derecho de estas personas”, agregó Orozco.

Y finalizó señalando que, ante todo, “priman los derechos humanos”. “Hay un tema de propiedad privada que no discutimos. Hay una sentencia que no compartimos, pero acatamos, pero debemos entrar a revisar la realidad de estas familias. Las condiciones han cambiado”.

Esta medida surgió porque la Alcaldía de Valledupar no ha desalojado a las familias que invadieron el predio La Sabana 1, propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, a pesar de que un fallo de la Corte Constitucional así lo ordena. En ese predio viven casi 30.000 personas, en los barrios Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte II.

Por Deivis Caro