Disfrutar de los hermosos paisajes en nuestro país cuando viajamos por carretera, así como querer asistir a tiempo a una cita en una ciudad distante, se ha convertido en una quimera y en cosas del pasado. Todo debido a que en cualquier momento, por cualquier motivo y en cualquier lugar podemos quedar atrapados en monumentales trancones que frustran nuestro viaje y, por supuesto, nuestros sueños.  

Los constantes bloqueos en las carreteras del país han pasado de ser hechos ocasionales a convertirse en una problemática recurrente con serias consecuencias para la movilidad y la dinámica económica de la región. No se trata de desconocer el derecho a la protesta social y pacífica reconocida en la Constitución Política de 1991, sino a que nos concienticemos del grave impacto que estas malas prácticas repercuten sobre miles de ciudadanos que nada tienen que ver con las causas del conflicto y que, por supuesto, terminan llevando la peor parte.

En lo que a nuestro contexto se refiere. Cada vez que una vía es cerrada producto de un bloqueo, Valledupar y los municipios aledaños sienten los efectos casi de inmediato: transporte paralizado, desabastecimiento de productos básicos, alza en el precio de los mismos y pérdidas económicas millonarias en muchos sectores de la economía. 

Un sector bastante golpeado

Las protestas de los camioneros por el alza en el ACPM, por el aumento de los peajes, de los arroceros y profesores, entre otros, son solo un ejemplo de lo que ocurre con preocupante frecuencia en el país y nuestro departamento no es ajeno a esta realidad. 

Entre los sectores más golpeados desde la pandemia está el de transporte de pasajeros por carretera. Conductores, dueños de estaciones de combustible, empresarios y usuarios ven cómo sus vehículos quedan inmovilizados durante horas o incluso días, sin garantías de circulación. Viajeros varados en terminales, rutas interrumpidas y pérdidas incalculables son parte de un escenario que parece repetirse sin que haya una solución de fondo.

 Los transportadores para modo de luchar contra la ilegalidad e informalidad, han tenido que reinventarse, haciendo inversiones en un parque automotor de última generación que tienen costos elevados, construcciones de salas VIP, campañas publicitarias y otras series de medidas a efecto de ser más atractivos a los usuarios.  

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Si bien muchas de las protestas están soportadas en problemáticas legítimas, no puede seguirse permitiendo que la forma de exigir soluciones sea la de bloquear las vías y con ello afectar a miles de personas. Se ha hecho constante que si en un municipio suspenden el servicio de energía, no nombran a los docentes o “no pasa” una ley en el Congreso de la República la solución para protestar es bloquear las vías.

 El diálogo entre comunidades afectadas y el Estado debe fortalecerse para evitar que el bloqueo de las carreteras siga siendo el camino más expedito para expresar su descontento. Colombia, el Cesar y Valledupar no pueden seguir atrapados en esta dinámica. Se requiere una respuesta integral que garantice el derecho a la protesta sin que ello implique poner en jaque la movilidad, el desarrollo y la estabilidad económica de toda una región.

Nota: En el momento de escribir la columna se registraba un nuevo bloqueo por campesinos al parecer por incumplimiento en la entrega de tierras en la vía Aguachica-San Martín sur del Cesar.

Por: Wynter Díaz, gerente de la Terminal de Transporte de Valledupar.