Dilema es el que tiene el alcalde de Valledupar Ernesto Orozco. Deberá poner en la balanza la apuesta por una ciudad moderna, el transporte público eficiente, asequible y cómodo de la población, la vida misma de conductores, pasajeros y peatones, el orden y la seguridad, la menor emisión ambiental de gases, el ahorro de recursos presupuestales hoy en entredicho (por el déficit del fondo de estabilización, que mantiene junto a la Gobernación para subsidiar el valor de los pasajes del bus) o proteger a una población que o vive como conductora de una actividad riesgosa, inestable, no formalizada laboralmente o que se sirve como usuario ocasional del transporte informal.

Puestos en la balanza es lógica la decisión de la Alcaldía de exigir control de la actividad ilegal y propiciar la reubicación laboral de los mototaxistas. Solo para ponerlo en plata blanca es ahorrar 100 por un lado y asumir, como costo, 10 por el otro.

Lo anterior porque por enésima vez nos vemos obligados a abordar el tema relacionado con la crisis que afronta el transporte público que debería garantizar movilidad segura, eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

Todo indica que el SIVA, la empresa creada para tal fin, cumplió a medias con las expectativas que se crearon cuando esta entró en operación con buses nuevos, definición de nuevas rutas y una serie de anunciadas novedades pero ‘todo se derrumbó’, como dice la canción, y ahora estamos frente a una entidad en crisis financiera y una ciudadanía esperando soluciones. Pero, no obstante, no se pueden dejar desfallecer ni el sistema ni la empresa que lo soporta.

Aunque las quejas sean largas: insuficiencia en la cobertura barrial y de buses, frecuencias inadecuadas, estado precario de algunos vehículos, desconocimiento ciudadano de las rutas, paraderos deficientes, escasa información de detalle de sus finanzas y de sus transportadores, malas comunicaciones a la ciudadanía y escasa humildad de su Administración, entre otros negativos que muestra el sistema.

No es una novedad, pero el auge del mototaxismo ha sido proporcional al deterioro progresivo del transporte público, a la falta de empleo, y a la condescendencia de los alcaldes a cambio de votos, de los que en verdad tampoco se tiene lealtad.

Al SIVA le asiste una gran responsabilidad frente a este aún evitable fracaso de proyecto de ciudad, pero el debate hay que hacerlo. ¿Quién regula y controla el mototaxismo? ¿Quién responde por la competencia desleal de los mototaxistas? ¿Quién garantiza la seguridad vial al interior de la ciudad? ¿Quién vigila el buen estado de la infraestructura vial urbana? ¿Quién hace algo para evitar la congestión y caos en las vías de Valledupar? Dice un ciudadano: “Empezando porque no se exigen papeles, ni licencias, ni cascos, ni estado mecánico”. Y “cuando se pasan los semáforos en rojo incumpliendo la norma se agiliza el transporte de la moto en detrimento del bus”.

Las medidas radicales y transformadoras, enfocándose en varios frentes simultáneos para resolver el asunto -hay buenas medidas formuladas en medios, gremios y por la misma ciudadanía además de las que ya debe tener la dirección de la empresa- no son de capricho sino de supervivencia y protección de los dineros que son de todos los vallenatos.