El departamento del Cesar enfrenta una de sus mayores preocupaciones en salud pública: la morbilidad y mortalidad materna. Con 559 casos de morbilidad materna extrema (MME) reportados hasta el 7 de julio, la región ocupa el décimo lugar entre 35 entidades territoriales del país, según cifras del Sivigila.
A nivel nacional, se han registrado 17.901 casos, con una edad promedio de 27 años, mientras que en el Cesar la media es de 26 años, evidenciando que el fenómeno afecta principalmente a mujeres más jóvenes.
Valledupar lidera el listado de municipios con más casos (252), seguido por Aguachica y Codazzi (48 y 46, respectivamente). El 75 % de los casos de MME en el Cesar se presenta en mujeres del régimen subsidiado de salud y en estrato 1, lo que revela la profunda desigualdad social y económica que subyace a la problemática.
La preeclampsia, una complicación hipertensiva del embarazo, es la causa del 75 % de los casos de MME en el departamento. Además, el 72 % de los eventos ocurrieron después del cuarto control prenatal, lo que sugiere deficiencias en el seguimiento y atención oportuna de las gestantes. De los 559 casos, 303 requirieron terminación del embarazo por cesárea y solo 20 por aborto, según datos del Sivigila.
La respuesta institucional
Ante la gravedad de la situación, la gobernadora del Cesar Elvia Milena Sanjuán, junto a los gerentes de 28 hospitales, directivos de EPS y otros actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, firmaron el pacto “Unidos por la vida: Maternidad sin riesgos en el Cesar”. El acuerdo, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente la meta 3.1 que busca reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030, incluye 14 premisas estratégicas.
“La vida de una madre y su hijo no puede seguir siendo una estadística. Una muerte es dolorosa para el Cesar, así que este es un trabajo entre todos. Necesitamos que cada prestador haga lo que le corresponde en términos completamente claros. Es por ello que llamamos a toda la instancia prestadora a que, de manera categórica y contundente, nos ayuden a salvar vidas de nuestras maternas”, declaró la gobernadora Sanjuán durante la firma del pacto.
Entre las estrategias destacan garantizar la autonomía sexual y reproductiva de las personas gestantes, fortalecer redes sociales y comunitarias con un enfoque intercultural y de género, mejorar el acceso a intervenciones individuales y colectivas definidas en la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal, y cualificar las redes institucionales para la gestión de emergencias obstétricas y neonatales.
Voces del sector salud
La secretaria de Salud departamental, Georgina Sánchez, enfatizó la urgencia de revertir la tendencia negativa: “Para el departamento del Cesar, la salud materna ha sido siempre una prioridad en temas de salud pública. Se ha fortalecido la gestión y muchos temas operativos, pero hemos visto impactado negativamente este año el indicador de muertes. En la semana epidemiológica 25, el Cesar alcanza siete muertes maternas tempranas”.
Sánchez detalló que, aunque el departamento ha logrado avances en la reducción de muertes por dengue, fiebre amarilla y desnutrición infantil, la mortalidad materna sigue siendo el indicador más preocupante. “En 2024 tuvimos 10 muertes maternas, y ya llevamos 7 en lo que va de 2025. Si no actuamos, podríamos terminar el año con 14 o 15 muertes, una cifra alarmante”, advirtió.
Leer: ¿Quiénes abortan en Valledupar? Cifras y realidades detrás de la interrupción del embarazo
La funcionaria explicó que el pacto busca eliminar barreras administrativas, garantizar acceso oportuno y eficaz a programas preventivos y complementarios, y fortalecer el seguimiento diario a gestantes en servicios de internación y urgencias. “Necesitamos llegar a la zona rural y rural dispersa, que es donde más nos está impactando este indicador, para poder incluir a estas maternas en los programas de prevención y promoción”, destacó.
Desafíos y compromisos
El pacto contempla también un enfoque especial para las comunidades indígenas, reconociendo los retos culturales que dificultan el acceso a controles prenatales y atención médica. “El tema de que ellas puedan bajar fácilmente a las citas, de que puedan acceder a los médicos, a los ginecólogos, pero ya no por barreras dentro de la EPS, sino por temas culturales, ha impactado negativamente el indicador para ellos”, señaló Sánchez.
Entre las 14 líneas estratégicas del pacto destacan acciones como consolidar y monitorear el cumplimiento del plan territorial orientado a la reducción de la muerte materno-infantil, así como fortalecer la estrategia de egreso seguro para las gestantes. Además, se contempla garantizar la contratación de todos los médicos necesarios para la atención materna, cualificar las redes institucionales encargadas de la gestión de una atención segura y fortalecer tanto la gobernanza como el seguimiento a la implementación del plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna. Estas acciones buscan articular esfuerzos en todos los niveles del sistema de salud para lograr un impacto positivo y sostenible en la protección de la vida de madres y recién nacidos.
El compromiso de las autoridades y el sector salud es claro: “Cada uno dentro de su rol ha decidido firmar este pacto garantizando y comprometiéndonos para la atención prioritaria de todas las maternas del departamento del Cesar. Necesitamos impactar positivamente este indicador que en el momento es el que más nos preocupa”, concluyó la secretaria Sánchez.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
