Este cuatro de febrero de 2020 se cierra una etapa en la historia de siete mil familias vallenatas y posiblemente se comenzará a escribir una nueva página de lo qué pasará con los desplazados que de manera ilegal habitan los predios donde están ubicadas las invasiones de: Altos de Pimienta, Los Guasimales, Bello Horizonte y Brisas de la Popa, que aunque la administración municipal manifestó no retirarlos del lugar, temporalmente, la incertidumbre premia en la mente de estos residentes.

Al canto unísono de “no somos dos mil somos siete mil” un grupo de ciudadanos miembros de estas cuatro invasiones clamaron a las autoridades la necesidad de obtener una respuesta que por más de diez años vienen esperando de la administración municipal y departamental, que los ayude a solucionar una problemática que para ellos pudiera desencadenar ‘consecuencias irreversibles’ desde el punto de vista social de llegarse a concretar el desalojo.

Ante la sentencia de la Corte Constitucional y la resolución emitida por el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, el pasado 27 de diciembre de 2019 para el desalojo de los predios que ocupan los más de siete mil habitantes del sector llamado Sabana Uno desde hace 12 años, el equipo de redacción del diario EL PILÓN, visitó uno de estos cuatro sectores afectados en compañía de madres cabeza de hogar, adultos mayores y niños que se niegan a dejar atrás la lucha de obtener una vivienda digna.

Carolina Centeno, durante diez años ha sido habitante de la comunidad Altos de Pimienta, y frente a la disputa legal a la que está sometida este espacio por ser ocupado de forma indebida, la madre cabeza de hogar manifestó que este lugar forma parte de la ilusión en el que muchas familias han cimentado sus sueños: “Para algunos es una invasión pero para muchos es nuestro barrio, donde hemos aprendido, confiado y crecido todos como comunidad”. De igual manera, informó que ese número de familias está representado en aproximadamente 14 mil personas, según un censo realizado por ellos mismos.

El desempleo, la indigencia, pobreza extrema, enfermedades crónicas y la mal nutrición reinan la desolada esperanza de los desplazados de este sector que para muchos los separan los cartones o láminas de zinc que durante jornadas de trabajo en recolección logran recabar, bien sea para su venta o para edificar algunas de las improvisadas viviendas.

El secretario de Gobierno, Luis Galvis, expresó que el alcalde no tiene ninguna intención de manera irresponsable atropellar los derechos fundamentales: “Estamos realizando un estudio muy pormenorizado y jurídico de los efectos de la sentencia y sobre todo de la resolución que dejó la administración anterior”.

Galvis destacó que ante esta situación son dos los derechos que están imperando en el análisis jurídico para proceder, el primero fundamentado en una serie de garantías que tiene la comunidad que actualmente habita el terreno y el segundo el derecho a la propiedad privada del propietario del predio. “Aspiramos a encontrar un punto de diálogo entre ambos derechos que permita dar cumplimiento a la sentencia judicial, y a su vez pueda la administración municipal resolver de fondo la problemática”, puntualizó el secretario.

Entre casas de cartón, otras de zinc y algunas con materiales de construcción producto del esfuerzo y sacrificio de algunos habitantes, estas invasiones representan la diversidad social de los que a pesar de muchos años de lucha aún siguen siendo la tierra de todos sus moradores. Consuelo Blanco, mencionó que días atrás sostuvieron un diálogo con los secretarios de Gobierno Departamental y Municipal y que concluyeron en la búsqueda de una decisión que sea factible para el dueño de las tierras, así como de los actuales inquilinos. “Si se llegara a desarrollar el desalojo eso traería hasta muertos porque no estamos dispuestos a quedarnos en la calle, nosotros no estamos ahí por capricho sino por necesidad”, manifestó una habitante afectada.

A diez días del plazo de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, la señora Mery Polo, quien durante 20 años ha sido habitante de Valledupar, luego de ser desplazada de Monte Rubio, Magdalena, entre lágrimas y al ver desvanecer el esfuerzo que durante seis años le ha tocado construir, nos comentó que junto a sus cinco hijos y su esposo la incertidumbre día tras día se apodera de ellos: “Fueron 20 años que duré pagando arriendo, y luego nos metimos aquí y llevo seis construyendo mi casa”.

El secretario de Gobierno Municipal añadió que esta sentencia solo cubre a 802 familias y que existe un número superior de ellas que no se beneficiarían de la sentencia, pero que al Estado le asiste la obligación de encontrar una solución para este número de desplazados que se encuentran en el sector.

Los agraviados denunciaron el sometimiento al que están siendo víctima las familias donde supuestamente efectivos de la Fuerza Pública en reiteradas oportunidades les han dicho que a partir del cuatro de febrero no pueden ingresar a la zona. El diario El PILÓN se comunicó con el comandante operativo de la Policía Nacional, Freddy Delgado, para que expusiera su posición ante la acusación de los denunciantes a lo que respondió: “Nosotros no estamos realizando ninguna actividad significativa, esa es una medida administrativa. Actuaremos con base al requerimiento de la administración municipal haciendo cumplir la ley y la norma como está establecido”.

Los denunciantes expresaron que desde el día miércoles realizarán una marcha desde Los Guasimales hasta la Gobernación, y dos días antes del plazo impuesto por la corte realizarán una vigilia.

ANTECEDENTES

El abogado Evaristo Rodríguez Felizzola apoderado del Mayor Pimienta, señaló que  la sentencia emitida por la Corte, pondera los derechos tanto del propietario del predio como de los desplazados que habitan ilegalmente el terreno, porque ordena al gobierno departamental y municipal, construir proyectos de vivienda para resolver la situación de habitabilidad de quienes han sido víctimas del conflicto.

En entrevista a un medio local el abogado Rodríguez Felizzola expresó que “esto es una muestra de que el gobierno de Mello Castro no quiere cumplir la sentencia de la Corte, y por el contrario intenta quedar bien con los electores que votaron por él durante la campaña”.

JORGE LÓPEZ / EL PILÓN
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