La crisis por el servicio de energía en el barrio Tierra Prometida, en Valledupar, volvió a escalar tras las protestas que incluyeron bloqueos con quema de llantas sobre la carrera 25. Aunque el suministro fue restablecido hacia las 11:00 de la noche, el episodio evidenció fallas estructurales en la prestación del servicio en este sector de invasión.
Sobrecarga y conexiones ilegales
El secretario de Gobierno, Félix Valera, explicó que uno de los principales problemas es la conexión ilegal de viviendas y negocios de zonas vecinas, como Mareigua, que ya cuentan con servicio formal. Esta situación, sumada al alto consumo, genera sobrecargas que terminan dañando los transformadores.
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En ese sentido, el funcionario fue enfático en la corresponsabilidad de la comunidad: “La comunidad tiene una responsabilidad de velar porque la distribución de la energía que se haga en el transformador de ellos sea para ellos… Están dejando pegar casas y negocios de Mareigua que están formalizados”. Según indicó, el consumo elevado de estos usuarios irregulares termina disparando y dañando los equipos.
En la zona se han identificado casos alarmantes, como un establecimiento que mantiene cerca de diez aires acondicionados encendidos las 24 horas mediante líneas fraudulentas. Entre los 46 negocios con consumo crítico detectados, destaca incluso un billar con ocho aires que, pese a estar en un sector formal, desvía su carga hacia el transformador de Tierra Prometida. A esto se suma el uso masivo de estufas eléctricas, empleadas por los habitantes para evitar el gasto de gas, lo que termina por duplicar la presión sobre el sistema.
Crisis financiera y bajo recaudo
El gerente de Afinia en el Cesar, Jorge Rivero, calificó la situación como crítica y advirtió que el problema trasciende lo técnico. “Facturamos entre 38 y 40 millones de pesos mensuales y no recaudamos nada… Tenemos una cartera de más de 1.300 millones de pesos”, afirmó.
Rivero explicó que la falta de pago y las conexiones ilegales hacen inviable la sostenibilidad del servicio. Además, señaló que en Valledupar hay más de 13.000 familias en condición de subnormalidad eléctrica, donde la empresa invierte más de 3.400 millones de pesos mensuales, pero solo recupera cerca del 3 %. Puntualmente en este sector, menos del 10 % de los usuarios cumple con sus obligaciones comerciales.
Mesas de trabajo y solución de fondo
Para evitar nuevos episodios, se acordó la creación de mesas de trabajo permanentes con el acompañamiento de la Defensoría Pública. Estas permitirán realizar una nueva tabulación casa a casa para identificar y retirar las conexiones irregulares.
Desde la Alcaldía reiteraron que la solución de fondo pasa por la normalización de estos barrios. Sin embargo, el secretario Valera señaló que existe un “miedo atávico” en la comunidad que impide denunciar los fraudes, a pesar de que los responsables son plenamente conocidos en el sector. Mientras se avanza en la legalización, la estabilidad del servicio dependerá del cumplimiento de los acuerdos entre comunidad, empresa y administración municipal.
