Por Freddy Oñate Acevedo
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En el marco de la mesa de Paz que se realiza en Cúcuta, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Cesar, para que se tomen medidas con respecto a la situación que viven los trabajadores, por el cese de actividades en La Francia que está en el corregimiento de La Loma, jurisdicción de El Paso, en el Cesar.

De acuerdo con lo expresado por Cepeda, es necesario que se establezcan estrategias que permitan dar solución a la grave situación por la que pasan los empleados de este sector.

Seis meses atrás, la empresa Consorcio Minero del Cesar SAS, que es la operadora de la mina La Francia, suspendió ilegalmente las actividades por el cese unilateral del contrato de operación que tenía con la empresa Colombian National Resources, que es propiedad del grupo de inversión norteamericano Goldman Sachs.

Según Iván Cepeda, desde ese entonces, los trabajadores que se vieron afectados por la decisión, resolvieron permanecer en la mina de manera pacífica para defender sus derechos laborales; de igual manera, estaban sujetos a presiones de la Fuerza Pública y a la vigilancia privada de la empresa, con acceso restringido a víveres y en condiciones deplorables.

Así pues, los trabajadores reclaman el pago de los salarios y las prestaciones que les debe la empresa, y el Representante recalcó que muchos de los que laboran allí padecen de enfermedades, como consecuencias de las actividades que allí realizan y por la contaminación a la que están expuestos.

De igual forma, Iván Cepeda pidió al Ministerio de Trabajo y a la Agencia Nacional Minera, que exijan al Consorcio Minero del Cesar que asuma las obligaciones pendientes con los trabajadores y se restablezcan los contratos que se les han suspendido de manera ilegal.

“Este es apenas uno de los casos de las sistemáticas violaciones a sus derechos, de las que a diario son víctimas los trabajadores mineros del Cesar y de otras regiones del país, a través de la aplicación de maniobras legales, mediante las cuales, los socios de estos proyectos, protegen sus patrimonios para que no se vean afectados cuando incumplen las obligaciones laborales y fiscales que contraen. De esta manera, la locomotora minera continúa arrasando con los derechos laborales y las libertades sindicales en Colombia”, puntualizó Cepeda.