Una posible relación entre los paramilitares colombianos y las empresas mineras Prodeco y Drummond, fue denunciada en el informe “El lado oscuro del carbón”, presentado el 25 de junio en Berlín (Alemania), por organizaciones ambientales y pro derecho humanos.

Basándose en testimonios de excomandantes paramilitares, contratistas y exempleados, la organización holandesa PAX, encargada del estudio, aseguró que tanto Drummond, con base en Estados Unidos, como Prodeco, subsidiaria de una empresa suiza, financiaron a los paramilitares colombianos entre 1996 y 2006, durante los conflictos con la guerrilla.

“Las empresas mineras se han aprovechado de esa cooperación hasta el día de hoy y los paramilitares han expulsado a decenas de miles de habitantes de zonas concedidas a Drummond y Prodeco para la explotación de carbón”, relató Marianne Moor, de PAX, en una rueda de prensa convocada por la organización medioambiental Urgewald y por la asociación de derechos humanos Power Shift.

Drummond y Prodeco venden la mayor parte de su producción, el 70% en 2013, y ejercen sus explotaciones en los departamentos del Cesar y Magdalena.

Drummond es objeto de varias acusaciones en Colombia por posible complicidad con los paramilitares que infiltraron la política y aterrorizaron a la gente del Cesar, desde mediados de los años 90, justo cuando esta empresa arrancó allí su producción de carbón. Dos exparamilitares han asegurado de que la empresa ayudó a crear y financió el frente Juan Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para que cuidara la operación y la línea del ferrocarril que transporta el carbón hasta el puerto cerca de Santa Marta.

Moor dijo desconocer si las empresas han seguido financiando a los paramilitares después de 2006, “pero la gente que sufrió la violencia sigue sin recibir justicia”.

Uno de ellos es Rubén Morrón, extrabajador de la firma estadounidense Drummond y miembro del Sindicato Unitario Minero actualmente exiliado en Francia.

Morrón narró cómo durante años él y sus compañeros han sufrido amenazas, intimidaciones y atentados por parte de los paramilitares, que según dijo asesinaron al presidente y al vicepresidente del sindicato.

“En una ocasión recibí una llamada que decía que tengo una familia muy hermosa, pero que me quedaría sin ella si no cambiaba de actitud”, rememoró.

Marianne Moor dijo que lo que persiguen con la publicación de este informe es “verdad, justicia y compensación para las víctimas”, ante las cuales las empresas energéticas europeas importadoras de materias primas “tienen la responsabilidad de investigar si se cumplen o no los derechos humanos”.

Este informe no es el primero que intenta concienciar al mercado energético alemán de este tipo de conexiones entre proveedores del carbón y paramilitares, según Sebastian Rötters, de Power Shift.

Rötters, uno de los encargados del dossier “Bitter Coal”, que analiza las empresas energéticas alemanas y sus importaciones de Estados Unidos, Colombia y Rusia, explicó que las organizaciones humanitarias y medioambientales persiguen un doble objetivo.

“Por un lado, que las energéticas europeas dejen de comprar carbón a estas empresas si no respetan los derechos humanos y, por otro, que los políticos actúen para que haya más transparencia en la cadena de producción”, dice en el escrito tomado del portal de noticias EFE.

Creció la producción

En el primer trimestre del año, entre enero y marzo de 2014, la producción de carbón en el país se incrementó en 33,8% con respecto al periodo de 2013, alcanzando 24,6 millones de toneladas, según información de la Agencia Nacional de Minería.

De la producción total en los primeros tres meses del año, el 93,4% se concentró en los departamentos del Cesar, con el 56,8% y La Guajira, con el 36,6% del total nacional.

El 6,6 % restante corresponde a la producción de carbón del interior de país que alcanzó 1,6 millones de toneladas, entre los que se destacan Norte de Santander, con el 2,6%; Cundinamarca, con el 2,1%; y Boyacá, con el 1,4% en pequeña y mediana minería.

La Agencia Nacional de Minería informó que esta reducción obedece a las restricciones impuestas por las autoridades ambientales reflejadas en la suspensión de cargue de buques en los puertos de Drummond y Colombian Natural Resources en los primeros meses del año.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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