Este martes 15 de julio se llevó a cabo en el Concejo de Valledupar un acalorado debate de control político a la Secretaría de Tránsito Municipal. En el recinto se abordaron temas álgidos como las problemáticas de movilidad presentes en la ciudad, antes y actualmente, por las intervenciones que se están realizando en la Avenida Simón Bolívar, en la glorieta Los Gallos, y se cuestionó el proceso de imposición de fotomultas.
A este debate, convocado por el concejal Carlos Escorcia Bornacelly, fue invitada la secretaria de Tránsito Municipal, Marianela Guillén, quien hizo una exposición de las competencias de la secretaría, su conformación y el acompañamiento operativo en materia de tránsito que están haciendo en los cierres viales y desviaciones por las obras de mejora y adecuación de la Avenida Simón Bolívar a cargo de la Gobernación del Cesar.
En el tema relacionado con el proceso de la imposición de fotomultas, Guillén aseguró que estas las hacen los agentes de tránsito, conocidos popularmente como los “azules”, en la modalidad presencial. Acotó que las zonas con mayores infracciones son: la zona céntrica, la avenida Simón Bolívar y la Avenida Fundación.
“En el 2024 se impusieron alrededor de 45.000 órdenes de comparendo y en lo que va corrido de 2025 la cifra es aproximadamente de 26.000. Es importante aclarar que ningún comparendo ha sido impuesto a través del sistema SAST. Todo ha sido realizado por agentes de tránsito debidamente autorizados en el lugar del hecho”, argumentó Guillén.
Fotomultas “dudosas”
Durante el debate, los corporados comentaron que esperaban que la nueva jefa de la cartera de Tránsito Municipal les manifestara que se haría una reestructuración, estudio o investigación al proceso actual de imposición de comparendos, debido a las múltiples denuncias y demandas de conductores que han alegado presuntos procedimientos irregulares y sin justificación, que no están en apego al Código Nacional de Tránsito.
“Los comparendos se están haciendo con dispositivos tecnológicos. Existen unas normas que rigen el sistema de tránsito a nivel nacional, unas normas que parten desde la Constitución. La ley matriz, o la más importante que es la Ley 769 del 6 de julio del año 2002 conocido como Código Nacional de Tránsito. Nos están limitando con normas que han sido replanteadas por la ley”, argumentó el concejal Escorcia.
En ese sentido, aseguró que uno de los principios que están siendo presuntamente vulnerados es el principio de plena identificación, al sostener que las patrullas de tránsito que circulan por la ciudad tienen vidrios polarizados, lo que impide que los conductores puedan ver si efectivamente un agente de tránsito es quien impone el comparendo.
“Están estos vehículos de tránsito de vidrios polarizados. No sé cuál es el argumento para que esos vidrios sean oscuros y que no dejan ver si efectivamente está ahí un agente de tránsito. En la comunidad se especulan muchas cosas. Incluso se dice que quien toma las fotos es otra persona. ¿Cómo la sectorial nos garantiza que son agentes?”, cuestionó el concejal.
Las “polémicas” patrullas
Los cuestionamientos sobre el funcionamiento de estos vehículos no son un tema nuevo. En 2024, el ciudadano Melkis Kammerer interpuso una acción de tutela que fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, para que se le ordenara al alcalde municipal, Ernesto Orozco, y a la Secretaría de Tránsito Municipal, retirar de las calles y carreras de la ciudad los vehículos de fotomultas, llamados comúnmente ‘cazainfractores’.
Según el argumento de este recurso, el vehículo ‘cazainfractores’ viola el artículo 6° de la Resolución 20203040011245 del 2020 que se refiere a la ubicación de los dispositivos. Lo anterior porque la resolución establece que los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones, SAST, no pueden operar en vehículos en movimiento durante la detección de la presunta infracción, con excepción de la detección aérea.
Sobre estas denuncias y cuestionamientos, la secretaria de Tránsito Municipal, Marianela Guillén, aseguró que “actualmente hay tres patrullas, las cuales son usadas para actividades misionales de la entidad como la atención de siniestros, para visitas técnicas, movilización en el municipio y transporte de los agentes. Los vehículos no están equipados con cámaras ni con sensores o dispositivos de fotodetección”, puntualizó Guillén.
Sin embargo, el concejal Fabio José Mendoza replicó lo manifestado por la funcionaria al asegurar a los presentes que: “La camioneta sí está poniendo multas, sí se está violando la ley. Aquí se colocan comparendos hasta dos veces en la misma zona al mismo carro. El gran problema que tenemos hoy es que estamos trabajando menos para la comunidad y más para una empresa de economía mixta que está ultrajando a los vallenatos”, manifestó Mendoza.
¿Qué está pasando realmente con las SATS?
Debido a los múltiples señalamientos de que en el municipio ya están funcionando las SAST de manera ilegal, Guillén fue enfática al manifestar que en Valledupar no hay este tipo de sistemas en funcionamiento, pero que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) autorizó 15 dispositivos para el municipio.
“Estos dispositivos estarán distribuidos en 8 puntos del municipio. Aún no han sido instalados y actualmente el proyecto se encuentra en la fase de alistamiento técnico y logístico. Una vez se aproxime su implementación se ejecutará un plan de socialización con la ciudadanía”, precisó Guillén.
Dicho plan contempla campañas que serán de carácter pedagógico, contará con jornadas informativas y de difusión masiva para asegurarse de que la comunidad esté informada y preparada. Agregó que mientras tanto cualquier infracción continuará siendo detectada por agentes de tránsito presentes en el sitio.
Por Namieh Baute Barrios
