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Revelan cifras de comparendos en Valledupar

En el debate de control político que se realizó en el Concejo de Valledupar, los concejales manifestaron su preocupación sobre el destino de lo que se recauda en el municipio por concepto de comparendos.

El 80 % de los comparendos corresponden a la infracción de ‘prohibido parquear’.

El 80 % de los comparendos corresponden a la infracción de ‘prohibido parquear’.

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Durante el debate de control político que se le realizó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar en el Concejo Municipal, los concejales manifestaron su preocupación en torno al presunto elevado número de comparendos, los cuales entre 2024 y julio del presente año ascienden a más de 80.000. 

De acuerdo con el concejal Fabio Mendoza, la sectorial de tránsito en el 2024 recaudó presuntamente 42.000 millones de pesos por concepto de comparendos. Un monto, según el corporado, superior a lo que recoge el municipio a través del impuesto predial. En ese sentido, Mendoza aseguró que más del 80 % de los comparendos son por la infracción de ‘prohibido parquear’.

“Desde la patrulla de tránsito están imponiendo comparendos a cualquier vehículo que esté estacionado. Me puse en la tarea de presentar un video en el que se puede apreciar cómo una patrulla de tránsito pasa al lado de un vehículo que está estacionado en una zona de descarga y le coloca el comparendo. Al conductor le apareció en el Simit la notificación, esto evidencia que están haciendo las cosas mal”, explicó Mendoza. 

Al respecto, la secretaria de Tránsito Municipal, Marianela Guillén, manifestó que los comparendos son una orden para “comparecer”, no una sanción directa, acotando así que la sectorial tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos que tengan alguna inconformidad o inquietud con el proceso.

Sociedad de Economía Mixta 

Sobre el recaudo, Álvaro Sánchez, gerente de Seguridad en Orden de la Sociedad de Economía Mixta (SEN) aclaró que, aunque se facture una cantidad elevada, los ingresos reales de la sociedad en 2024 fueron un poco menos de 10.000 millones de pesos y para el 2025 las proyecciones de ingresos son de 15.000 millones. 

En ese sentido, indicó que, en Colombia, la estadística muestra que solo cerca del 30 % de los comparendos se pagan. A pesar de realizar labores de cobro persuasivo y coactivo, sólo se logra recaudar entre un 15 % y  20 % adicional, lo que resulta en la recaudación de poco menos del 50 % del total adeudado.

Sin embargo, el concejal Carlos Escorcia, puntualizó que: “Nosotros sabemos que una cosa es el recaudo y otra es lo que se factura. Ustedes nos dicen que en el año 2024 se hicieron 45.269 comparendos, y a corte del 30 de junio de este año se hicieron 26,298. Les pedimos las cifras de julio al 30 de septiembre y son 9.600 más, es decir que van más de 80.000 comparendos. Si a esos comparendos les aplicamos el valor real, no estamos hablando de descuento ni nada, pasamos los 50.000 millones de pesos”

Agregó que es un valor que en algún momento los ciudadanos a través de un procedimiento como el embargo tendrán que pagarlo. “La ciudadanía termina  pagando la cuenta, entonces ese es un recurso que si bien solamente ustedes dicen que recibieron 9.000 millones de pesos,  tienen ahí más de 30. 000 millones esperando a que la gente los pague y ustedes están tomando todas las medidas para que eso pase”. 

“Tráfico de comparendos”

El debate se tornó aún más preocupante cuando Escorcia presentó fotos de firmas  presuntamente falsas de agentes de tránsito en los comparendos “cuando hacen de agentes y cuando hacen de testigos”. Un hecho que catalogó de irregular debido a que para un documento oficial se debe manejar una sola firma. 

“Nuestros agentes se dan la tarea de cambiar las firmas cuando actúan de agentes y cuando son testigos. Encontré que unos agentes suplantan a otros y eso no es legal. El ciudadano no se da cuenta de esto porque nadie le dice que es la firma de otro agente. Como la persona no lo conoce, valida el comparendo”. 

Aseguró que los agentes presuntamente están incurriendo en falsedad en documento público y al ser así es una “estafa”. Concluyó que la situación es muy preocupante porque “se está engañando a las personas para que paguen un dinero con un documento falso y cuando se está aplicando a la ley es prevaricato”.

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