En las dos editoriales anteriores expusimos lo que se ansía y espera del sector público en el año que se está iniciando. Un conjunto de obras y realizaciones de responsabilidad del nivel de Gobierno central y de los gobiernos subnacionales, que son las entidades territoriales, como la Gobernación, las alcaldías y otras instituciones de naturaleza pública.

No hicimos referencia a programas como los del Sena, que, con fundamento, el director seccional Jesus Namén mencionó que “en la práctica es la primera universidad de Colombia”.

Esa institución, por su importancia, y el número de nuevas sedes en el departamento será materia de un informe especial de este diario. El Sena, aunque es gubernamental, funciona bien solo en la medida en que la interrelación con el sector privado, con las empresas, sea dinámica, colaborativa y confiable.

En esa similar categoría, pero administrada por empresarios y trabajadores, entra la Caja de Compensación Familiar, Comfacesar, que presta grandes servicios a la sociedad, a la empresa, al empleado y la comunidad.

Pues bien, de esas dos instituciones esperamos mucho en el 2022; ya nos dio señales Frank Montero, director de Comfacesar, en reciente entrevista, y próximamente nos informará sus propósitos, para conocimiento de la ciudadanía, el mencionado director del Sena.

Pero para ser claros y justos, exigimos y demandamos, como es debido, del sector y de los funcionarios públicos que hagan obras, presten servicios, protejan y defiendan los recursos comunes, gestionen, administren, garanticen el ejercicio de los derechos, la seguridad y la vida misma, y además hagan gestos, declaraciones y anuncios.

Que desarrollen una agenda, identifiquen unas metas y se propongan realizarlas. Es el ejercicio que hicimos en las editoriales del lunes y martes. Pero, nos preguntamos, ¿dónde está la agenda del sector privado y la sociedad civil?

El día 17 de junio del año pasado, un día después del lanzamiento de la reactivación económica por parte del alcalde Mello Castro y la presentación de un estudio a cargo de Cesore y Fedesarrollo, identificando acciones públicas, editorializamos (lo que sigue siendo urgente) que debe complementarse por parte del sector privado una agenda de reactivación.
“Es el llamado que hacemos al Comité Intergremial del Cesar, a los gremios que lo conforman, a las compañías industriales y mineras del departamento.

Cada uno debería establecer el plan de reactivación, reinvención o ampliación, la meta de corto y mediano plazo de cada sector, y a nivel de cada unidad productiva o empresa también, para que identificados los proyectos, el sector público dirija su apoyo, su impulso, su financiamiento, su asistencia técnica, para que esos proyectos privados salgan adelante y se genere de ellos la riqueza y los puestos de trabajo asociados.

La acción es colectiva, de públicos y privados, con el concurso de la academia, y especialmente, con el efectivo y oportuno, de la ciudadanía, que, más que se le den hechos cumplidos, ansía participar de su cumplimiento”.