Tras conocer que una empresa de seguridad privada desplazará a los 14 funcionarios de Emdupar que se encargaban de la seguridad en la planta de tratamiento del acueducto,  miembros de Sintraendes, paralizaron las labores en la empresa de servicios públicos  para exigir que se replantee esta decisión.  

Ni usuarios ni trabajadores lograron ingresar a la edificación, cuyas puertas fueron selladas y en algunas, varios de los que protestaban  se encadenaron para solidarizarse con sus compañeros. 

“Es la única que nosotros podemos manejar para que por lo menos el alcalde de Valledupar y organismos de control se percaten de lo que está pasando en  la empresa. Con ese contrato dejan a 14 celadores sin funciones”, señaló Ludys Barraza, presidenta del sindicato. 

Insistió en que la llegada de una empresa de seguridad a Emdupar es otro paso hacia la privatización.  

“Venimos en una lucha desde el año pasado cuando se tomó la decisión por parte de la administración municipal de cambiar la naturaleza jurídica a la empresa, que pasa de ser pública oficial a empresa de economía mixta y hoy el tiempo nos está dando la razón”, precisó la líder sindical.  

Por su parte, Luis Eduardo Gutiérrez Aroca, gerente de Emdupar, aclaró que  el cambio de seguridad es obligado por la fallas del actual personal de celaduría. 

“Los señores que están prestando el servicio de portería van a seguir prestando el servicio en la parte interna, donde la empresa lo necesite, donde puedan direccionar al usuario; pero lo que es la entrada a la planta, la laguna de oxidación y la sede administrativa se contrató con un servicio de vigilancia especializada, que la misma ley les permite a ellos tener armas y llevar el control de acceso de las personas”, dijo el funcionario. 

Según Gutiérrez Aroca, se han registrado constantes robos. “No requisan a nadie. En estos días nos tocó reportar el robo de un equipo de aire en la planta de tratamiento, hace algunos meses denunciamos el robo de llantas del carro que se le cambiaron y en un fin de semana violentaron la puerta del sitio en donde se guardan los contratos”. 

Negociación 

Al cierre de esta edición, el Defensor del Pueblo en el Cesar, Omar Contreras Socarrás, servía de mediador en la protesta. 

“Recibimos un oficio en el que los sindicalistas reclamaron nuestra presencia por una inconformidad que ha suscitado la suscripción de un contrato de vigilancia por parte de Emdupar y una empresa de vigilancia privada. Ellos

consideran que ese contrato es lesivo para los intereses de todos los vigilantes de Emdupar, por lo que esperamos sentarnos a esclarecer la situación de los empleados encargados de la vigilancia”, anunció.  

Por Martín Elías Mendoza