La extracción minera a gran escala acarrea consecuencias en el entorno social, ambiental, de salud, entre otros. Debido a la incursión de multinacionales como Drummond poblaciones enteras se han visto afectadas, a tal punto, que se ha declarado que deben ser reasentadas, es el caso de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito en el departamento del Cesar.

Desde ayer hasta mañana viernes, se realiza en Valledupar, El Hatillo y Boquerón, un evento llamado “Por la vida, dignidad e integridad: garantías para las comunidades en las zonas mineras”, donde pobladores de estos lugares interactúan para conocer las experiencias de cada lugar y saber cómo hacerle frente a los problemas que genera la explotación minera a gran escala.

En el evento se analizó que es triste que en un territorio no solo haya desplazamiento por culpa de la guerra, de grupos armados al margen de la ley, cómo guerrillas y paramilitares llegan a pequeñas poblaciones donde vive gente humilde, trabajadora, donde la mayoría son campesinos y subsisten de lo que produce la tierra, a violentar sus derechos, a abusar de sus mujeres, a reclutar a sus menores, y a asesinar a los hombres. No se concibe la presencia de miembros del Ejército Nacional que lleguen a abusar de su poder para atacar a la gente. Y ahora tengan que enfrentarse a un desplazamiento por culpa de empresas multinacionales que hacen contratos con el Estado para explotar una tierra y que éste no vele por los derechos de sus habitantes; esto es lo que ha pasado en los tres lugares del Cesar.

En Plan Bonito, jurisdicción de El Paso, 173 familias serían reasentadas luego que estuvieron de acuerdo con las condiciones que se pactaron en la mesas de trabajo con el operador Replan de las compañías mineras Drummond, CNR y Prodeco, para abandonar sus predios, dada la afectación que produce la cercanía de las minas de carbón en la zona.

Para lograr el reasentamiento voluntario, los implicados hicieron varios compromisos dentro de los cuales se destaca el pago de una compensación por los rendimientos de sus actividades económicas, los predios, el arraigo, y un desembolso para compra de vivienda en los lugares que cada uno de los hogares escoja como nuevo sitio de domicilio.
Sin embargo, la Ley en Colombia es débil y frente a los actos de contaminación que afectan la salud de los habitantes que están cerca de las minas de carbón, es poco lo que se ha hecho por parte del gobierno y de autoridades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
Otra vereda que se ha visto afectada de manera directa ha sido Boquerón, desde ese lugar y hasta La Jagua de Ibirico, pasando por La Loma, hay siete proyectos mineros y cinco empresas. Las minas que rodean a Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo son Calenturitas de Prodeco; Descanso Norte y Pribbenow de Drummond, y El Hatillo y La Francia, de Colombian Natural Resources (CNR).
Debido a la contaminación y a las afectaciones de salud que se han visto en los habitantes de esas veredas, llevó a que en el 2010 el Ministerio de Ambiente ordenara a Drummond, CNR, y Prodeco, filial colombiana de la multinacional suiza Glencore, reasentar a Boquerón y El Hatillo y para el 2012 ya todas las familias debían haber salido, pero hasta el momento, no ha pasado nada.
Lesvi Rivera, habitante de El Boquerón, aseguró que en este momento el proceso podría catalogarse como lamentable, porque después de cuatro años no han podido avanzar en nada, ni siquiera en el levantamiento topográfico.
“Iniciamos con un operador que no tenía ni norte ni sur y luego lo cambiaron y vemos con gran preocupación que falta bastante en los procesos de reasentamiento, nosotros vemos como comunidad que hay muchas fallas metodológicas en los procesos porque no los adelantan como deberían”, puntualizó la líder de la comunidad.
Ella recordó que hace 20 años, todos eran pobres, pero podían vivir de lo que cultivaban. “Vivíamos de la jornada, de la siembra de yuca, de plátano, de la pesca, de la caza, cuando llegó la minería nos alegramos porque pensamos que iba a ser bienestar para nosotros, pero si antes éramos pobres ahora con la llegada de esas empresas, somos miserables, porque ya no tenemos tierra que cultiva ni ríos para pescar”.

En el libro Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista de la Contraloría queda expuesto un verdadero panorama, que es conocido por autoridades nacionales y locales, pero que se hacen ‘los de la vista gorda’. Este informe que compiló información necesaria para sacar un texto fue realizado por funcionarios, contratistas y asesores internacionales durante dos años, donde se hizo un proceso de observación en el que se encontraron 76 hallazgos de incumplimiento a los planes de manejo ambiental por parte de las empresas. No obstante, las autoridades no hicieron mucho al respecto.
De acuerdo a la información publicada por el ente de control, en El Hatillo, los niveles de partículas PM10 (menores o iguales a 10 micras) presentes en el aire superaron con creces en el 2010 la media anual recomendada: 60 microgramos por metro cúbico. Los medidores registraron hasta 87 en la época más seca del año. En Plan Bonito fue peor: 177 microgramos por metro cúbico. Estos elementos son pequeños, diminutos, pero son letales para la salud. La exposición permanente a altas concentraciones de PM10 está asociada a un aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar, muertes prematuras, síntomas respiratorios severos e irritación de ojos y nariz. Las más pequeñas, PM2.5, se acumulan en el sistema respiratorio y causan disminución del funcionamiento pulmonar.
El geólogo Julio Fierro, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que estuvo ayer en el encuentro con las comunidades, aseguró a este medio de comunicación que la minería es letal para el medio ambiente y para la salud de las personas, sin importar que sea legal, ilegal, formal o informal, pues si se utilizan elementos químicos, habrá una afectación al entorno.
“Además de lo que dice la Contraloría, expuse que el Ministerio de Ambiente contrató con la Universidad de Los Andes, un estudio sobre valoración económica donde se demostraba que existían unos impactos que no habían detectados ni gestionados, eso no es nuevo, Corpocesar tiene conocimiento de que los ríos se están secando, y ante toda esta avalancha que si bien puede no ser suficiente no tenemos comparación con una línea de base pero se debe actuar en un marco de principio de precaución y suspender la actividad minera mientras se hace un estudio riguroso para saber la realidad de esta situación”, comentó Fierro.

Los reasentamientos en el Cesar por contaminación ambiental y daño a la salud de los habitantes de lugares cercanos a minas de carbón serían los primeros a nivel nacional. Según Gloria Holguín, responsable de la línea de territorios y Derechos Humanos de Pensamiento y Acciones Sociales explicó “es fundamental generar un compromiso de las autoridades territoriales y entes de control sobre los procesos de reasentamiento involuntario por contaminación ambiental. Este es el primer caso en Colombia, entonces es importante llamar la atención de todo el gobierno nacional y de los entes de control, tenemos 10% de la población colombiana desplazada por conflicto armado, han habido reasentamientos a cargo de las empresas mineras que son otro tipo de desplazamiento y vamos a legalizar un desplazamiento por contaminación ambiental, eso no tiene sentido y no se trata de generar una política de reasentamiento porque esto no debe seguir pasando sino que se tomen las medidas para que esto no pase, hay que devolverle la tierra a todos, no podemos desplazar a indígenas, campesinos, ni a comunidades afro”.
Las empresas mineras deben reasentar a las personas en una zona que no sea muy lejana y que sea fértil, es decir, que les permita a las familias la subsistencia y que no esté contaminada, sin embargo, ¿qué tan posible es eso teniendo en cuenta el mapa minero del departamento del Cesar?

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN