La comunidad indígena yukpa emitió un comunicado para dar a conocer su molestia con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, manifestando que su relación con estas partes está “rota”, tras la “falta de respuesta” frente a la tragedia del presunto asesinato de cinco niños indígenas de la etnia yukpa en el asentamiento Kchusweye, ubicado en la vereda El Limón, zona rural de Codazzi, Cesar, el pasado 24 de marzo.

Según la misiva, parte de su molestia obedece a que el pasado 25 de marzo acordaron con Medicina Legal la entrega de los cuerpos de los menores con edades de 3, 7, 11, 13 y 15 años, y lo primero que se estableció fue que una vez fueran obtenidos los resultados, la comunidad debería conocerlos de forma inmediata y esta institución tendría que explicarle lo sucedido.

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No obstante, el pasado 9 de abril, los yukpas conocieron por algunos periodistas que, al parecer, los forenses habían culminado los análisis y precisamente recibieron un documento emitido por el director de Medicina Legal, donde les manifiestan que una vez tuvieran resultados de los estudios iban a ser entregados a la Fiscalía para que asumiera la investigación y “eso no fue lo pactado”. 

“Queremos romper las relaciones con la justicia colombiana porque en realidad no tienen credibilidad. No nos han dado ningún resultado positivo y de Medicina Legal no hemos obtenido respuesta. Por eso solicitamos a nivel central a la Fiscalía de Bogotá y al presidente que asuma esta investigación como gobierno responsable porque no fueron animales los que fallecieron, fueron unos niños, seres humanos, que también tenían derecho a la vida”, expresó Adolfo Garceran, cabildo gobernador del resguardo Sokorpa. 

Además de ello, los yukpas solicitaron que la investigación de estas muertes sea desarrollada por fiscales de Bogotá, más no con las entidades del Cesar, por diferencias en cuanto a la relación de la justicia indígena y la justicia ordinaria, por lo que, las nuevas pruebas recolectadas por los indígenas en estos últimos días, no serán expuestas a las autoridades. 

De acuerdo con el pueblo yukpa, las únicas partes que han acompañado a la comunidad en este proceso y antes de lo ocurrido han sido: la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Clemencia Solano, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Cesar, al establecer sentencias a su labor, acuerdos que aseguran que ha incumplido la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura. 

Frente a estos hechos, el pueblo indígena solicita nuevamente un encuentro con el presidente de la República, Gustavo Petro, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.