A través de un comunicado, la Confederación Indígena Tayrona manifestó su rechazo a un proceso jurídico con el que se procedería al traslado de 36 comunidades del pueblo arhuaco afiliadas a la Epsi Dusakawi a la EPS Asmet Salud para que esta entidad les brinde los servicios médicos a un sector del pueblo arhuaco.
De acuerdo con una acción de tutela que interpuso Gelver Zapata Izquierdo, representante de las 36 comunidades, en el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, el traslado afectaría a comunidades indígenas de tres departamentos.
En ese sentido, precisó que los usuarios inmersos en el proceso están asentados en los municipios de Valledupar y Pueblo Bello. Seguidamente en los municipios de Fundación, Aracataca, Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, ubicados respectivamente en los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. Al respecto, la Confederación Indígena Tayrona manifestó que el traslado a Asmet Salud vulnera el derecho fundamental a la salud y a la autonomía del pueblo indígena.
“La medida viola el derecho fundamental del pueblo arhuaco al acceso a un sistema de salud que respete las particularidades y enfoque diferencial de las comunidades indígenas. Es una acción irregular que no tiene autorización y que afecta a 36 comunidades”, puntualizó la Confederación Indígena Tayrona.
La Epsi del pueblo indígena
La Confederación Indígena Tayrona, CIT, hace un llamado para que “no se sigan vulnerando” los derechos de los pueblos indígenas con decisiones presuntamente arbitrarias que no tienen en consideración el bienestar, la cultura, la historia y salud de los pueblos indígenas.
“La Epsi Dusakawi cumple los principios de salud intercultural donde los servicios de salud tienen en cuenta las tradiciones, cosmovisión y necesidades específicas del pueblo arhuaco. Hacemos un llamado a la salud, a la vida y a no seguir perjudicando a las comunidades del pueblo arhuaco con acciones que los vulneren”, manifestó CIT.
Crisis en Dusakawi
A pesar de que la Epsi Dusakawi es la entidad promotora de salud en la que los pueblos indígenas confían y de su preferencia por los múltiples beneficios que les brindan, la entidad ha estado durante más de 10 años bajo medida cautelar de vigilancia especial, sin mostrar mejoras en su desempeño.
Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República en un informe que hizo tras haberle realizado una auditoría de cumplimiento a la Superintendencia Nacional de Salud correspondiente a la vigencia 2023. Dicho informe revela graves hallazgos administrativos que afectan la gestión de la entidad encargada de la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
“Se advierten deficiencias en las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) por parte de la Supersalud”, afirmó la Contraloría, y añadió que la situación es particularmente crítica en el caso de la Epsi Dusakawi, que lleva más de una década bajo medida cautelar de vigilancia. Acotando así que la entidad no ha logrado corregir los problemas que afectan el flujo de recursos, lo que contribuye al deterioro de la situación financiera y operativa de la entidad.
