La urbanización Lorenzo Morales Etapa II, ubicada en la zona sur de Valledupar, ha generado preocupación en la administración debido a la mora en los pagos de más de 300 propietarios de los 560 apartamentos que conforman el conjunto, según la denuncia realizada por el administrador Didier Mejía.

Tras la denuncia pública, un considerable número de deudores respondió al llamado de la administración, acercándose a la oficina para iniciar acuerdos de pago y evitar posibles cartas de embargo en sus propiedades. El administrador expresó la importancia de esta acción preventiva, ya que, según la Ley 675 de Propiedad Horizontal, la administración tiene el derecho de realizar embargos.

“Lo que buscamos es evitar que a estos propietarios, el apartamento les sea reportado en mora y les llegue a su casa carta de embargo, para esto puede acercarse  a la oficina que se encuentra dentro del conjunto Lorenzo Morales, y podamos hacer un acuerdo de pago para que no vayan a resultar afectados por la administración, porque por medio de la Ley 675 de Propiedad Horizontal, ya podemos ser embargados”, señaló el administrador de la urbanización.

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De los 560 apartamentos en la urbanización, solo 250 son habitados por sus propietarios originales, mientras que 310 están arrendados. Son estos últimos los que presentan el mayor atraso en los pagos y están en riesgo de ser embargados.

“Algunos se han acercado y hecho la gestión, sin embargo, hay otros que no se han pronunciado, en sí lo que se buscó fue poner en previo aviso el proceso que se iba a tomar ante la situación de mora del pago mensual a la administración. Esto dado que la comunidad con la que trabajamos es bastante agresiva, además que es un deber como administrador, ya nos encontramos realizando las cartas de embargo para hacerlas llegar a cada uno de los propietarios”, explicó Mejía.    

A pesar de los esfuerzos de la administración, Mejía indicó que no sienten apoyo por parte de los entes locales ante la situación. Sin embargo, destacó la necesidad de tomar acciones para sensibilizar a los propietarios y fomentar un mayor sentido de pertenencia.

El dinero recaudado por la administración se destina a cubrir los pagos mensuales de servicios esenciales, como la energía para la hidrobomba, que suministra el servicio de agua en la urbanización. También se destina a abonar una deuda de $200 millones con la empresa Afinia y al servicio de vigilancia, al cual se deben varios meses, con un valor aproximado de $5 millones.

POR YUSTIN VARELA