La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Salud intervenir de manera inmediata la EPS Coomeva y adelantar acciones para garantizar derechos de cerca de 2 millones de usuarios del sistema que podrían estar en riesgo.

“El ente de control advirtió que la EPS tiene una deuda de $2,2 billones, por lo que algunas IPS no prestan los servicios de salud a la población afiliada, lo que ha causado que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplirle a los usuarios”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

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Además, el Ministerio Público recordó que Coomeva ha tenido un aumento en las Peticiones, quejas y reclamos (PQR) por presuntas irregularidades en la prestación de servicios y mencionó que “en los primeros 7 meses de 2019 se han registrado 42.702 PQRD (un promedio de 6.100 por mes). Para 2018 esa cifra fue de 60.824, lo que significa que en promedio al mes fueron 5.068”.

Por otra parte, manifiesta que entre enero y junio de 2019 la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS asciende a $6.007 millones 783.896. En el mismo periodo ha sido notificada de 17.435 acciones de tutelas, y entre enero y mayo, de 287 desacatos.

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“Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se han encontrado evidencias que permitirían establecer que la EPS estaría incumpliendo con las condiciones financieras establecidas, que no cuenta con una red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, presenta un alto número de tutelas y embargos y tiene fallas en los programas preventivos”, concluye la Procuraduría.