La Procuraduría Provincial de Valledupar abrió una investigación en contra de Gonzalo Tomás Arzuza y José Juan Lechuga, exsecretarios de Gobierno y General de la Alcaldía del municipio  en el periodo 2016-2019.  

La entidad indaga sobre presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios de la administración municipal con la firma HELITEB S.A.S, en 2018, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión. 

De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría, al parecer, habría inconsistencias en la información consignada en los informes de avance y ejecución final del contrato de aproximadamente $341 millones.  

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

“Habrían acreditado como recibido los ítems de suministro de cámaras fijas y domo de seguridad, sistema de respaldo de energía, transformador de voltaje, cables para redes y de fibra óptica, pero al parecer, no fueron ejecutados y además, se realizaron mayores solicitudes del resto de artículos pedidos en el negocio jurídico”, expuso el ente de control. 

A su vez, la entidad estaría corroborando la presunta falta de informes de supervisión que debían notificar de manera periódica el avance de la ejecución del contrato de mantenimiento, así como “el soporte de los seguimientos, pruebas de calidad, verificación y condiciones de los equipos”. 

También es investigado el almacenista del ente territorial, Gustavo Enrique González. Por su parte, Arzuza dijo a EL PILÓN que no ha sido notificado por la Procuraduría, pero que “respeta” el proceso que adelanta el ente de control. 

“ES UN MANDADO POLÍTICO”: ARZUZA SOBRE INVESTIGACIÓN 

“Se contrató el mantenimiento de las cámaras porque su sistema es débil, son por cables aéreos, muchas veces se roban o cortan los cables y no se cae una cámara, se cae una fase de 20 o 30 cámaras”, explicó Arzuza sobre la justificación del contrato. 

“Se actuó con diligencia con los recursos del Fondo de Seguridad del municipio, las cámaras funcionaron, el contrato se ejecutó a satisfacción, así lo dice la Policía Nacional que maneja las cámaras de seguridad”, agregó el exsecretario. 

El hoy precandidato a la Alcaldía de Valledupar considera que la investigación se trata de un “mandado político” teniendo en cuenta que faltan 5 meses para las elecciones territoriales. 

“Me cae un tufillo que hay intereses políticos porque para nadie es un secreto que la Procuraduría es manejada en cada departamento por senadores, y aquí en Valledupar los senadores tienen candidatos a la Alcaldía, que no soy yo, entonces me queda la duda. Invito a la transparencia y a la seriedad”, anotó el aspirante. 

El exfuncionario cuestionó la ausencia de  indagaciones mientras “las cámaras tienen 3 años de no servir”, y calificó de “sordos, ciegos y mudos” a los entes de control ante la actual administración de los recursos para la seguridad del municipio.