La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar realizó el pasado miércoles 16 de julio un llamado urgente a las administraciones locales y departamentales para que se evalúe rigurosamente el cumplimiento de las sentencias judiciales emitidas en defensa del río Guatapurí, principal afluente de Valledupar, afectado por la contaminación y el uso inadecuado de sus recursos.
Seguimiento a decisiones judiciales
El pronunciamiento se enmarca en el caso preventivo con radicación E-2024-250161 y RUC P-2024-3589847, cuyo objetivo es garantizar la implementación efectiva de las resoluciones judiciales expedidas el 10 de noviembre de 2022 y el 19 de julio de 2023, orientadas a la
El procurador regional, Miguel Ángel Rocha Cuello, remitió un oficio tanto a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, como al alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán, a la directora de Corpocesar, Adriana Margarita García, y a otros funcionarios clave. A todos ellos los citó a una reunión presencial programada para el 13 de agosto de 2025 a las 9 a.m. en la Sala de Audiencias de la Procuraduría Regional, ubicada en el quinto piso del Edificio Caja Agraria.
Entrega de informes detallados
Cada entidad debe presentar antes del 5 de agosto de 2025 a las 4 p.m. un informe que detalle las acciones técnicas, administrativas y presupuestales ejecutadas para disminuir la disposición de residuos sólidos y escombros en el afluente, así como otras medidas dirigidas a la protección de este importante recurso hídrico.
La Procuraduría enfatizó que cualquier incumplimiento de estas solicitudes puede derivar en sanciones disciplinarias, conforme a lo dispuesto por la Ley 2054 de 2020, la cual exige a los servidores públicos dar respuesta oportuna a las peticiones de la ciudadanía y proteger los derechos colectivos, entre ellos, la defensa ambiental.
Antecedentes de la denuncia
Esta acción preventiva, respaldada por la Resolución 132 de 2014 y la sentencia C-977 de 2002 de la Corte Constitucional, busca anticipar riesgos en la gestión pública y proteger los derechos fundamentales, sin interferir en la autonomía administrativa de las entidades involucradas. El llamado surge tras la acción popular promovida por Gustavo José Cabas Borrego y otros ciudadanos, quienes han denunciado la reiterada contaminación del río producto de la disposición inadecuada de residuos y otras actividades lesivas para el ecosistema.
El encuentro fijado para el 13 de agosto será para evaluar el compromiso de las autoridades locales en la protección del río Guatapurí, patrimonio ambiental y cultural de Valledupar, y para garantizar que las órdenes judiciales se traduzcan en acciones tangibles para su recuperación.
