Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona por riesgos de seguridad y amenazas contra el personal, comunidades indígenas reabrieron el ingreso al área protegida y asumir el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales del parque.
La reapertura se concentra en los sectores de El Zaíno y Palangana, donde integrantes de las autoridades del cabildo kogui en Magdalena instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales.
“Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.
El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo.
Parques nacionales
De acuerdo con parques nacionales, la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad.
Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa. Al respecto, Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, aseguró que el conflicto afecta a la ciudad de Santa Marta y pone en riesgo el sustento de miles de familias.
“Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.
Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas.
