Aunque la multa recae hoy sobre el actual mandatario de Valledupar, el fallo del Consejo de Estado revela que, desde 2005, al menos cinco administraciones dejaron que el humedal El Eneal se degradara entre invasiones, vertimientos de aguas residuales y decisiones tardías que nunca frenaron el daño.
Una sentencia de 2005 que nadie cumplió
El pasado 22 de enero, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la sanción por desacato contra el alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán, por incumplir la sentencia del 28 de noviembre de 2005 que ordenó proteger y recuperar el humedal El Eneal. Aunque la multa se redujo de cinco a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, el alto tribunal fue claro en que, casi dos décadas después del fallo original, el municipio sigue sin garantizar la limpieza del manantial, la recuperación del espacio público invadido y el control de los vertimientos que afectan este ecosistema.
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La sentencia de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, protegió los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico y al goce del espacio público en el barrio El Eneal. En su parte resolutiva, el Tribunal ordenó al alcalde adelantar, en el término de un año, todas las diligencias necesarias para limpiar y mantener el manantial que cruza el sector, recuperar el espacio público ocupado en forma irregular y adoptar medidas para evitar el vertimiento de aguas negras y basuras al canal; a Corpocesar le impuso determinar el grado de contaminación y realizar controles mensuales sobre las acciones del municipio.
Cinco alcaldes y un mismo desacato
En el incidente de desacato que dio origen a la sanción, el Procurador 8 Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar y el ciudadano Gabriel Arrieta Camacho señalaron que las órdenes de 2005 no habían sido acatadas “por ninguno de los alcaldes que han ejercido el cargo”, pese a la persistencia de la contaminación y la ocupación indebida del espacio público en la ronda del humedal.
A lo largo de estos años, los intentos de exigir el cumplimiento han sido reiterados. En 2023 el Tribunal Administrativo del Cesar ya había sancionado en desacato al entonces alcalde, Elías Ochoa, y al director de Corpocesar, decisión que luego fue revocada porque los funcionarios ya no ocupaban sus cargos al momento del fallo, lo que obligó a abrir un nuevo incidente centrado en el actual mandatario. Paralelamente, organizaciones ciudadanas interpusieron acciones de cumplimiento contra las autoridades ambientales para forzar la implementación de medidas concretas de protección del humedal.
El diagnóstico de Corpocesar: un humedal estrangulado
Mientras el expediente judicial se engrosaba, Corpocesar documentaba la degradación progresiva del humedal El Eneal y del arroyo El Mamón, que nace en este afloramiento de agua y hace parte de la estructura ecológica principal de Valledupar. Un informe académico de la Fundación Universitaria del Área Andina elaborado con base en la caracterización biofísica de la corporación señala que en el humedal afloran unos 26 litros de agua por segundo, pero el cuerpo de agua está “bastante contaminado” y cada año se extraen de su lecho decenas de toneladas de basura aportadas por la comunidad.
En mayo de 2025, un reportaje de EL PILÓN alertó que las primeras lluvias fuertes del año volvieron a desbordar el humedal El Eneal, inundando viviendas vulnerables y evidenciando la acumulación de basuras en su ronda hídrica. La nota describió cómo los residuos sólidos arrojados al entorno del humedal obstruyen drenajes y agravan los encharcamientos, al tiempo que la humedad y el abandono favorecen la proliferación del caracol africano en patios y pasillos de las casas vecinas, generando temor entre los habitantes por los riesgos sanitarios asociados a esta especie invasora. Según el llamado de la comunidad recogido por ese medio, la combinación de lluvias, basura y caracoles es otra prueba de que, pese a las órdenes judiciales y a los anuncios de planes de manejo, el Eneal sigue siendo tratado como un basurero a cielo abierto más que como un ecosistema que debería protegerse.
En febrero de 2018, mediante la Resolución 0154, la autoridad ambiental ordenó al municipio de Valledupar, a la Gobernación del Cesar, a Emdupar y al Batallón de Artillería La Popa cumplir medidas para atender, recuperar y proteger el humedal. Sin embargo, una visita técnica realizada en 2019 concluyó que no había evidencias de actuaciones municipales para recuperar la ronda hídrica del arroyo El Mamón–Eneal, cuya franja de protección, fijada por el POT en 15 metros a cada lado del cauce, seguía invadida por urbanización, rellenos irregulares, disposición de residuos y vertimientos de aguas residuales.
Ese mismo año, la Oficina Jurídica de Corpocesar formuló pliego de cargos contra el municipio de Valledupar por dos presuntas infracciones: no adelantar actuaciones para recuperar la ronda del arroyo y permitir la disposición indebida de residuos sólidos y aguas residuales sin tratamiento, contrariando normas del Código de Recursos Naturales, el Decreto 1541 de 1978 y el Decreto 1077 de 2015. En sus consideraciones, la corporación recordó que el arroyo El Mamón y el humedal El Eneal son elementos de la estructura ecológica principal, es decir, espacios verdes que deberían actuar como reguladores del equilibrio ambiental urbano.
El Eneal hoy: de manantial a canal contaminado
Los reportes recientes de la Personería Municipal, incorporados al expediente de desacato, describen un panorama que contrasta con la importancia ecológica del Eneal: vertimiento de aguas residuales domésticas, acumulación de residuos sólidos y orgánicos, malos olores, proliferación de vectores y viviendas levantadas dentro de la ronda hídrica. Según estos informes, el ecosistema que hace años funcionaba como laguna se ha reducido prácticamente a una acequia, estrangulada por la ocupación irregular y el relleno del borde del cuerpo de agua.
La Alcaldía de Valledupar reportó jornadas de limpieza, sensibilización ambiental, acompañamiento a diligencias de desalojo y mesas de trabajo con entidades como Corpocesar, la Gobernación y Emdupar. No obstante, tanto el Tribunal Administrativo del Cesar como el Consejo de Estado concluyeron que se trata de intervenciones puntuales y fragmentadas, sin cronograma de mantenimiento, sin obras estructurales para detener los vertimientos ni decisiones efectivas para recuperar el espacio público ocupado, por lo que el incumplimiento material de la sentencia persiste.
El deterioro del Eneal se inscribe en una crisis más amplia de los humedales urbanos de Valledupar, documentada en estudios de valoración económica de sus servicios ecosistémicos. Estas investigaciones muestran que la ciudadanía reconoce la importancia de humedales como El Eneal, María Camila, Sicarare y El Edén para la regulación climática, el control de inundaciones y la biodiversidad, e incluso manifiesta disposición a pagar por su conservación, pero la expansión urbana, la falta de planificación y la débil implementación de los planes de manejo han acelerado su degradación.
La sanción como punto de quiebre
Al confirmar la sanción, el Consejo de Estado reconoció que la administración de Orozco ha desplegado “ciertos esfuerzos” orientados al cumplimiento, pero los calificó como incompletos, aislados y carentes de planeación sostenida, razón por la cual mantuvo la multa —aunque atenuada— para garantizar la eficacia de la sentencia de 2005. El alto tribunal insistió en que la sanción no es solo un castigo personal, sino un mecanismo para hacer respetar el derecho colectivo a un ambiente sano y al espacio público del barrio El Eneal.
La decisión llega en un momento en que Corpocesar acaba de adoptar el Plan de Manejo Ambiental de los humedales de Valledupar e implementará “acciones socioambientales para la protección y uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del humedal El Eneal” en convenio con la Gobernación del Cesar ejecutarán este proyecto.
El reto, de ahora en adelante, será que la Alcaldía capitalice ese marco técnico y las órdenes judiciales para pasar de las limpiezas esporádicas a una política pública ambiental con presupuesto, cronograma y responsabilidad clara, capaz de equilibrar la protección del humedal con soluciones sociales para las familias que hoy viven, en condiciones precarias, sobre lo que alguna vez fue la ronda viva del Eneal.
