Tras una larga audiencia de más de siete horas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de Bogotá destituyó e inhabilitó por 13 años a 15 de los 19 concejales de Valledupar y al contralor electo para el periodo 2016-2019, Álvaro Castilla Fragoso.

El Ministerio Público calificó la falta de los 15 concejales así como la del contralor municipal de gravísima a título de dolo y tasó la sanción que fue apelada por el apoderado de los concejales.

La Procuraduría resolvió declarar disciplinariamente responsables a Víctor Julio Alvarado Bolaño, José Amiro Araméndiz Sierra, Jaime Bornacelly Figueroa, Guido Castilla González, Dorismel Celedón Vega, Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez, José Rafael Gómez Solano, Wilber Hinojosa Borrero, Gabriel Muvdi Arangüena, Eudes Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Alex Pana Zárate, Carlos Picón Cortés, Luis Miguel Santrich Díaz y Yesith Triana Amaya en su condición de concejales, y a Álvaro Castilla Fragoso como contralor municipal.

El Ministerio Público encontró acreditada la condición de falta disciplinaria a título de dolo por haber elegido al contralor pese a la amistad entre éste y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.

Debido a que ninguno tiene antecedentes disciplinarios tasó la sanción en 13 años de inhabilidad y destitución para ocupar cargos públicos.

Además de la sanción a los concejales y al contralor, la Procuraduría ordenó remitir copias a la Procuraduría Provincial de Valledupar para que se investigue a Aníbal Quiroz Monsalvo (jefe de la Oficina de Planeación), Sandra Cujía Mora (secretaria de Gobierno) y a José Jorge Crespo (asesor de despacho), por su presunta obstrucción a las investigaciones de las  autoridades administrativas  debido a que no aportaron  la información sobre las personas que conformaron el grupo de empalme del alcalde electo, decisión que no admite recurso.

Durante la audiencia, el procurador presentó, entre otras pruebas, las discusiones al interior del Concejo de Valledupar para la elección de contralor, en donde  los corporados escucharon entre otros al aspirante a ese cargo, Omar Contreras Socarrás, quien al presentar su hoja de vida dijo que no tenía inhabilidades pero fue requerido por el presidente Guido Castilla González, quien le manifestó que se dedicara a presentar su hoja de vida, porque de las inhabilidades se encargaba la corporación y el asesor jurídico.

Ante esto, el procurador al momento de dar la sanción de Castilla González afirmó que “cuando intervino Omar Contreras le recordó el tema de inhabilidades y dijo que para eso estaban ellos y los jurídicos  por lo que le pedía el favor que  se expresara sobre su hoja de vida y perfil profesional, el siete  de enero dio su voto a Álvaro Castilla Fragoso. Antes de los alegatos de conclusión el concejal manifestó que no se quiso coartar el uso de la palabra a ningún aspirante toda vez que la etapa del proceso había  culminado y se quería conocer con más detalles las hojas de vida”.

También dijo el Ministerio Público que aunque el investigado llevaba pocas  días  como concejal  al tomar  juramento prometió cumplir con sus deberes y sujetarse a la  Constitución y la Ley. “Se considera que la responsabilidad e investidura sabía del alcance y naturaleza de la función pública que desarrolla quien  desarrolla el cargo de contralor  porque tuvo en sus manos la resolución 044 de 2015 y los principios que la sujetaban son mandatos constitucionales, pero el investigado se conformó con la explicación del aspirante al cual le dio su voto, se observa que con su determinación no se sujetó a los principios que rigen la función pública aun cuando era consciente que debía serlo, se dejó a merced de las razones del aspirante sin medir y alegar la afectación pública  dado el conflicto de intereses del aspirante. El investigado gozaba  de las facultades cognitivas y el sentido común y lógico para evaluar la afectación de la función  pública dado el conflicto de intereses participantes frente al concepto aportado por el defensor”.

También dijo el procurador que durante esa discusión realizada en el Concejo de Valledupar en enero pasado para la elección de contralor no se abordó el tema de amistad y posible conflicto de intereses.

La Procuraduría leyó el fallo individual para cada uno de los concejales a quienes les imputó uno a uno la falta y dijo que no actuaron atendiendo el grado de afectación pública al no tener en cuenta el grado de amistad entre el mandatario y el contralor, éste último debe ejercer funciones y ejercicio de vigilancia a la función fiscal del municipio.

Aunque durante el proceso se abordó que Castilla Fragoso además de la amistad con el mandatario la cual reconoció el día de su posesión, el Ministerio Público también evaluó otros factores como que éste fue el presidente de la comisión de empalme, lo cual fue declarado por uno de los testigos dentro de la investigación, además que  fue aportante a la campaña del mandatario.

“Sus manifestaciones públicas han sido valoradas, su amistad íntima con el alcalde Augusto Daniel, se encuentran acreditadas sus calidades profesionales como abogado especializado  con amplia experiencia en el sector público y privado y por lo tanto conocedor de  las normas  que rigen para el acceso y ejercicio de los cargos públicos al igual era conocedor de la magnitud y alcance de la función pública de la vigilancia de la gestión fiscal en el municipio por lo que el argumento de declararse impedido posteriormente frente a asuntos que involucrara a su amigo Augusto Ramírez  permiten apreciar que no sujetó su comportamiento hacia el respeto y observancia de los principios que gobiernan la función pública y procedió a ejercer el  cargo a sabiendas del grado de afectación y puesta en peligro de los fines perseguidos constitucionalmente y legalmente con la función fiscal”, dijo el procurador Segundo Delegado, Gustavo Castro Capera.
La audiencia

La lectura del fallo que sancionó con 13 años de destitución e inhabilidad a los 15 concejales se inició a las nueve de la mañana con un recuento de todo el proceso desde la convocatoria del concurso hasta la elección, luego las advertencias del Ministerio Público, la recolección de pruebas y demás.

La Procuraduría presentó las pruebas que recogió en el Concejo de Valledupar, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, de donde recopiló información relacionada con el concurso para la escogencia del contralor, la inscripción del movimiento Avanzar es Posible y la financiación de la campaña del alcalde Augusto Ramírez Uhía.

Castro Capera también leyó los argumentos de cada uno de los concejales  en las sesiones realizadas en enero pasado para elegir al contralor, en donde varios de estos manifestaron no tener claridad jurídica sobre los candidatos.

Mencionó que de los 19 concejales de Valledupar solo cuatro: Leo Mestre (votó por Omar Contreras),  Carlos Daza Lobo (votó en blanco), Gloria Ovalle (ausente) y Ricardo López (se abstuvo de votar) no votaron por Castilla Fragoso.

El representante del Ministerio Público también cuestionó que varios de los concejales fueran abogados y conocedores de la ley y pese a ello, procedieron a votar por el contralor que tenía un conflicto de intereses.

La audiencia de los concejales contó con gran afluencia de público, debido a que muchos de los que se encontraban en el recinto eran familia o apoderados de candidatos que perdieron las elecciones pasadas y que pueden  entrar en caso de que en una segunda instancia se confirme el fallo.

Incluso, un líder comunal que está pendiente de entrar en caso de mantenerse la sanción, envió a su esposa y varios familiares para que grabaran la audiencia.

Por redes sociales la gente también seguía paso a paso la lectura de fallo, toda vez que es la primera vez en el país que un municipio se queda sin el 90% de concejales.

En Cali hace unos años se dio un caso similar por la elección de Contralor  y fueron sancionados nueve concejales; en Ibagué hay un proceso similar al de Valledupar pero aún no hay fallo.
¿Quiénes entrarían?

El apoderado de los concejales de Valledupar apeló la decisión que en primera instancia emitió la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, pero en caso que en una segunda instancia sea confirmada la sanción la Corporación se renovaría en un 90%.

Es así como entrarían  por el partido Conservador: Elmer Jacid Jiménez Silva 1.614, Ana María Quintero Jaimes con 1.528 y Odacir Camargo 1434. Se dice en este partido que Jiménez Silva podría tener un impedimento para asumir, por lo que entraría el exconcejal Carlos Andrés Cotes Maya.

En La U entrarían Roberto Carlos Castro 1.387 votos y Luís Cabello Donado 1.255;  por los liberales entrarían Jhon Jairo Carpio que obtuvo 1.501 y Miguel Antonio Montaño con 1418 votos.

En Alianza Social Independiente entrarían  Omar Alfredo Ditta que obtuvo 1.351 votos y Gabriel Hernando Pineda; mientras que por Avanzar es Posible llegarían Álvaro Molina Rodríguez que obtuvo 1.358 votos y Franklim Daza que alcanzó 1.293.

En Opción Ciudadana entraría en reemplazo de Jaime Bornacelly,  Elkin Buitrago Martínez quien obtuvo 1.085 votos y por Centro Democrático, Carlos Alberto Barriga, que obtuvo 729 votos, entre tanto en el Movimiento Alternativo Indígena la ficha a entrar sería Pedro Manuel Loperena que consiguió en las elecciones 1.020 votos el cual hace parte de la comunidad indígena Wiwa.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría sancionó con 13 años de inhabilidad y destitución a 15 concejales de Valledupar y al contralor electo Álvaro Castilla Fragoso. Desde que se conoció que Castilla Fragoso hacía parte de la terna en la ciudad se decía que éste tenía conflicto de intereses, lo cual confirmó ayer la Procuraduría con su fallo.

Redacción política / EL PILÓN