Desde la administración municipal se habla de un déficit en los ingresos corrientes de libre destinación superior a los $4.800 millones. Al contrario desde la administración anterior desestiman la existencia de un déficit en las cuentas municipales.
Cada cuatro años con los cambios de administración municipal sobresalen las diferencias entre funcionarios electos y salientes. Además de las críticas hacia algunas obras de infraestructura, desde la administración del alcalde Mello Castro han señalado que el municipio de Valledupar tiene un déficit fiscal en los ingresos corrientes de libre destinación que supera los $4.800 millones.
Los ingresos corrientes de libre destinación son los principales recursos propios que recibe el municipio. Lo integran los impuestos al predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros, publicidad exterior y visual, delineación y urbanismo, sobretasa al consumo de gasolina, arrendamientos, entre otros. El impuesto predial unificado y el de industria y comercio representan casi el 72 % de los ingresos propios anuales del municipio.
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Según explicó el secretario de Hacienda, Carlos Alfonso Araujo, el déficit nació por compromisos que asumió el municipio con los ingresos corrientes de libre destinación, pero que una vez hecho el cierre financiero se encontró el faltante de $4.800 millones en varias cuentas.
Ahora, lo planificado es cubrirlo con la vigencia del presupuesto del 2020. “Los $4.800 millones (del posible déficit) son todos ingresos corrientes de libre destinación, compromisos que asumió la administración y cuando revisamos el 31 de diciembre, al hacer cierre financiero, que es cruzar los compromisos que hay en la Secretaría de Hacienda frente a los saldos en los bancos, se encuentra un faltante de $4.800 millones”, explicó Araujo.
Al contrario desde la administración anterior desestiman la existencia de un déficit en las cuentas municipales. Asimismo, agregan, que se están organizando los datos para detallar “el superávit en las cuentas fiscales del municipio”.
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En Valledupar el bajo recaudo de algunos impuestos limita la proyección en los gastos. Información oficial marca que el municipio no supera la barrera del 40 % en el recaudo. Por ejemplo, se calcula que la ciudad tiene un potencial en predial de casi $120.000 millones, sin embargo, se recaudó alrededor de $45.000 millones el último año. Una de las metas desde la Secretaría de Hacienda es alcanzar un recaudo de al menos el 50 %, esto es, alrededor de $60.000 millones.
Aunque el promedio de recaudo aún es bajo, la buena noticia es la tendencia creciente de los últimos años. Mientras en la vigencia 2014 el municipio recibió por ingresos corrientes de libre destinación $67.170 millones, de esos recursos $23.053 millones por predial unificado y $27.125 por industria y comercio, para la vigencia del 2018 por ingresos corrientes de libre destinación percibió $93.523 millones.
Además de la estabilidad fiscal, aumentar el recaudo en Valledupar es una urgencia porque, cabe recordar, en 2014 el municipio se acogió a la Ley 550 o Ley de reestructuración de la deuda intentando solventar la crisis fiscal ocasionada por administraciones donde se gastaron más recursos de los que recibía el municipio, explican conocedores del tema. En ese momento el municipio estaba embargado. Con la reestructuración pararon los embargos con el compromiso de cancelar trimestralmente a los acreedores.
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“Ahí está un faltante que debemos suplir, pero además hay una situación particular y es que se pone en riesgo el acuerdo de reestructuración de pasivos, y si eso pasa, se genera una causal de incumplimiento. Lo peor que le puede pasar al municipio es que se caiga la Ley 550 porque los acreedores pueden empezar a embargar. Cuando se dictan las medidas cautelares el ordenador del gasto no es el alcalde, sino los jueces”, explicó el secretario de Hacienda municipal.
De los $211 mil millones del inventario de acreencias del municipio al momento de acogerse a la Ley 550, luego de seis años el municipio tiene una deuda pública, hasta el 31 de diciembre de 2019, por un valor de $101.429 millones con entidades bancarias.
Para el 2020 el presupuesto de Valledupar es de $768.387.977.845, entre inversión, gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. El primero copa casi todo el presupuesto: $681.375 millones para inversión en el 2020, que serán divididos en todas las sectoriales. Para el gasto en funcionamiento se predestinaron $70.600 millones, casi el 9,1 % del presupuesto general. Y por último aparece el servicio de la deuda, término con el que se conoce al pago de las obligaciones que tiene el municipio con las entidades financieras y que para el 2020 se destinarán $16.344 millones.
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Además de cubrir el déficit fiscal, desde la administración deberán presupuestar y financiar los compromisos de proyectos estratégicos como la Policía Metropolitana y los Juegos Bolivarianos del 2021. Para las competencias, están proyectados, de forma preliminar, aportar alrededor de $5.000 millones este año desde los ingresos corrientes de libre destinación y aportar otros $5.000 millones en la vigencia 2021.
Para los Juegos Bolivarianos el principal aportante sería el recién creado Ministerio del Deporte desde donde se anunciaría una inversión de $40.000 millones.
Desde la administración municipal se habla de un déficit en los ingresos corrientes de libre destinación superior a los $4.800 millones. Al contrario desde la administración anterior desestiman la existencia de un déficit en las cuentas municipales.
Cada cuatro años con los cambios de administración municipal sobresalen las diferencias entre funcionarios electos y salientes. Además de las críticas hacia algunas obras de infraestructura, desde la administración del alcalde Mello Castro han señalado que el municipio de Valledupar tiene un déficit fiscal en los ingresos corrientes de libre destinación que supera los $4.800 millones.
Los ingresos corrientes de libre destinación son los principales recursos propios que recibe el municipio. Lo integran los impuestos al predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros, publicidad exterior y visual, delineación y urbanismo, sobretasa al consumo de gasolina, arrendamientos, entre otros. El impuesto predial unificado y el de industria y comercio representan casi el 72 % de los ingresos propios anuales del municipio.
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Según explicó el secretario de Hacienda, Carlos Alfonso Araujo, el déficit nació por compromisos que asumió el municipio con los ingresos corrientes de libre destinación, pero que una vez hecho el cierre financiero se encontró el faltante de $4.800 millones en varias cuentas.
Ahora, lo planificado es cubrirlo con la vigencia del presupuesto del 2020. “Los $4.800 millones (del posible déficit) son todos ingresos corrientes de libre destinación, compromisos que asumió la administración y cuando revisamos el 31 de diciembre, al hacer cierre financiero, que es cruzar los compromisos que hay en la Secretaría de Hacienda frente a los saldos en los bancos, se encuentra un faltante de $4.800 millones”, explicó Araujo.
Al contrario desde la administración anterior desestiman la existencia de un déficit en las cuentas municipales. Asimismo, agregan, que se están organizando los datos para detallar “el superávit en las cuentas fiscales del municipio”.
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En Valledupar el bajo recaudo de algunos impuestos limita la proyección en los gastos. Información oficial marca que el municipio no supera la barrera del 40 % en el recaudo. Por ejemplo, se calcula que la ciudad tiene un potencial en predial de casi $120.000 millones, sin embargo, se recaudó alrededor de $45.000 millones el último año. Una de las metas desde la Secretaría de Hacienda es alcanzar un recaudo de al menos el 50 %, esto es, alrededor de $60.000 millones.
Aunque el promedio de recaudo aún es bajo, la buena noticia es la tendencia creciente de los últimos años. Mientras en la vigencia 2014 el municipio recibió por ingresos corrientes de libre destinación $67.170 millones, de esos recursos $23.053 millones por predial unificado y $27.125 por industria y comercio, para la vigencia del 2018 por ingresos corrientes de libre destinación percibió $93.523 millones.
Además de la estabilidad fiscal, aumentar el recaudo en Valledupar es una urgencia porque, cabe recordar, en 2014 el municipio se acogió a la Ley 550 o Ley de reestructuración de la deuda intentando solventar la crisis fiscal ocasionada por administraciones donde se gastaron más recursos de los que recibía el municipio, explican conocedores del tema. En ese momento el municipio estaba embargado. Con la reestructuración pararon los embargos con el compromiso de cancelar trimestralmente a los acreedores.
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“Ahí está un faltante que debemos suplir, pero además hay una situación particular y es que se pone en riesgo el acuerdo de reestructuración de pasivos, y si eso pasa, se genera una causal de incumplimiento. Lo peor que le puede pasar al municipio es que se caiga la Ley 550 porque los acreedores pueden empezar a embargar. Cuando se dictan las medidas cautelares el ordenador del gasto no es el alcalde, sino los jueces”, explicó el secretario de Hacienda municipal.
De los $211 mil millones del inventario de acreencias del municipio al momento de acogerse a la Ley 550, luego de seis años el municipio tiene una deuda pública, hasta el 31 de diciembre de 2019, por un valor de $101.429 millones con entidades bancarias.
Para el 2020 el presupuesto de Valledupar es de $768.387.977.845, entre inversión, gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. El primero copa casi todo el presupuesto: $681.375 millones para inversión en el 2020, que serán divididos en todas las sectoriales. Para el gasto en funcionamiento se predestinaron $70.600 millones, casi el 9,1 % del presupuesto general. Y por último aparece el servicio de la deuda, término con el que se conoce al pago de las obligaciones que tiene el municipio con las entidades financieras y que para el 2020 se destinarán $16.344 millones.
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Además de cubrir el déficit fiscal, desde la administración deberán presupuestar y financiar los compromisos de proyectos estratégicos como la Policía Metropolitana y los Juegos Bolivarianos del 2021. Para las competencias, están proyectados, de forma preliminar, aportar alrededor de $5.000 millones este año desde los ingresos corrientes de libre destinación y aportar otros $5.000 millones en la vigencia 2021.
Para los Juegos Bolivarianos el principal aportante sería el recién creado Ministerio del Deporte desde donde se anunciaría una inversión de $40.000 millones.