La autoridad kankuama que administra un puesto control rudimentario ubicado en la entrada al corregimiento La Mina, presuntamente estaría cobrando $5.000 por dejar ingresar a particulares y transportistas a ese territorio.
El lunes en horas de la mañana, representantes de la comunidad kankuama asentada en el corregimiento La Mina, miembros de la comunidad de Patillal, Atánquez y la administración municipal, se reunieron en la Casa de la Cultura de Valledupar para dialogar sobre la disposición de un puesto de control ubicado en la entrada a La Mina, el cual estaría impidiéndole el paso a la comunidad de Patillal y a la ciudadanía en general que desea ingresar a ese territorio.
Este puesto control administrado por la autoridad kankuama estaría cobrándole a transportistas y particulares hasta $5.000 por dejarlos entrar a ese corregimiento, según mencionó Evelio Daza, representante de la comunidad de Patillal.
De acuerdo con Daza, los indígenas kankuamos han extralimitado su autonomía al haber instaurado desde principios del 2020 un rudimentario portón de madera que bloquea una vía pública que está por fuera de los límites territoriales del resguardo indígena.
Debido a los graves señalamientos y a que la comunidad patillalera también radicó un derecho de petición para solicitarle al alcalde de Valledupar, Mello Castro, que se desmotara el portón, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, convocó a las comunidades para que expusieran sus argumentos sobre el retén que es llamado por los kankuamos como un ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’.
De acuerdo con la comunidad de Patillal, el bloqueo en la vía está vulnerando su derecho fundamental a la libre locomoción debido a que es una carretera nacional en la que únicamente el Estado tendría la potestad de colocar un peaje o puesto de control para regular el tránsito.
En ese sentido, aseveraron que en reiteradas ocasiones le han manifestado a la administración municipal la vulneración a dicho derecho y la ilegalidad del retén porque la etnia kankuama asentada en La Mina presuntamente no goza de ninguna facultad para impedir el ingreso a ese territorio y cobrarle dinero a quienes entren.
Lea también: Patillaleros presentaron derecho de petición contra retén kankuamo en La Mina
Por tal motivo, tanto el corregidor de Patillal como Daza, manifestaron que el propósito del puesto de control es expandir el territorio del resguardo, lo cual rechazan tajantemente porque los patillaleros no tienen ascendencia kankuama.
En ese orden de ideas, la comunidad argumentó que presuntamente en el portón de madera hay una pancarta colgada que hace referencia a la recuperación de territorio kankuamo, “lo cual evidencia que el retén no fue puesto por motivos de la pandemia de la covid-19. Ellos buscan expandir su territorio vulnerando los límites corregimentales establecidos”, precisó Daza.
Al respecto, el cabildo gobernador, Jaime Arias, comentó que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’, no ha impedido que la comunidad de Patillal circule por la vía e ingrese a La Mina. También aseveró que no se les ha cobrado por la entrada al territorio porque son “conscientes de los derechos que tiene la comunidad de Patillal”.
“A los miembros de los pueblos kankuamos, la comunidad de Patillal, entidades y a ciertos organismos no se les está cobrando. Solo se está haciendo una contribución solidaria para la conservación de los espacios naturales y culturales que son usados por personas que llegan al territorio”, argumentó Arias.
Explicó que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’ fue establecido por el Congreso Kankuamo para conservar los ejercicios culturales y preservar el ecosistema, pero además de eso también ha contribuido a la disminución de actividades que alteraban el orden público en esa zona.
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Sobre la presunta expansión del reguardo, Arias comentó que se debe hacer una adecuada interpretación de la norma que fija los límites de los asentamientos indígenas. En ese orden de ideas, señaló que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’ está en territorio kankuamo.
Agregó que el dinero recolectado en el espacio de regulación se envía a un fondo para la conservación y protección del medio ambiente. De ese rubro, el 60 % se destinan a las actividades ambientales y culturales, otro porcentaje para los ejercicios de monitoreo de la guardia indígena y actividades sociales.
El secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, manifestó que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’ está causando afectaciones en la comunidad de Patillal, la ciudadanía del municipio de Valledupar y a las personas de otras partes del país que deseen entrar a La Mina porque el portón está bloqueando una vía nacional.
El funcionario público subrayó que solo el Estado tiene la facultad de establecer un peaje o hacer un cobro de impuestos en una carretera nacional, por lo que dicho retén está violando la ley tomándose atribuciones que solo le competen al Gobierno nacional.
Por tal motivo, Galvis hizo un llamado a la comunidad kankuama, a los habitantes de Patillal y de Atánquez para que por medio del diálogo se resuelva dicha situación que podría poner “en peligro las limitaciones políticas administrativas del municipio de Valledupar”, debido a que otras comunidades también podrían establecer portones y puestos de control para cercar las vías del territorio nacional a la que todos los ciudadanos tienen el derecho de transitar.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb
La autoridad kankuama que administra un puesto control rudimentario ubicado en la entrada al corregimiento La Mina, presuntamente estaría cobrando $5.000 por dejar ingresar a particulares y transportistas a ese territorio.
El lunes en horas de la mañana, representantes de la comunidad kankuama asentada en el corregimiento La Mina, miembros de la comunidad de Patillal, Atánquez y la administración municipal, se reunieron en la Casa de la Cultura de Valledupar para dialogar sobre la disposición de un puesto de control ubicado en la entrada a La Mina, el cual estaría impidiéndole el paso a la comunidad de Patillal y a la ciudadanía en general que desea ingresar a ese territorio.
Este puesto control administrado por la autoridad kankuama estaría cobrándole a transportistas y particulares hasta $5.000 por dejarlos entrar a ese corregimiento, según mencionó Evelio Daza, representante de la comunidad de Patillal.
De acuerdo con Daza, los indígenas kankuamos han extralimitado su autonomía al haber instaurado desde principios del 2020 un rudimentario portón de madera que bloquea una vía pública que está por fuera de los límites territoriales del resguardo indígena.
Debido a los graves señalamientos y a que la comunidad patillalera también radicó un derecho de petición para solicitarle al alcalde de Valledupar, Mello Castro, que se desmotara el portón, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, convocó a las comunidades para que expusieran sus argumentos sobre el retén que es llamado por los kankuamos como un ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’.
De acuerdo con la comunidad de Patillal, el bloqueo en la vía está vulnerando su derecho fundamental a la libre locomoción debido a que es una carretera nacional en la que únicamente el Estado tendría la potestad de colocar un peaje o puesto de control para regular el tránsito.
En ese sentido, aseveraron que en reiteradas ocasiones le han manifestado a la administración municipal la vulneración a dicho derecho y la ilegalidad del retén porque la etnia kankuama asentada en La Mina presuntamente no goza de ninguna facultad para impedir el ingreso a ese territorio y cobrarle dinero a quienes entren.
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Por tal motivo, tanto el corregidor de Patillal como Daza, manifestaron que el propósito del puesto de control es expandir el territorio del resguardo, lo cual rechazan tajantemente porque los patillaleros no tienen ascendencia kankuama.
En ese orden de ideas, la comunidad argumentó que presuntamente en el portón de madera hay una pancarta colgada que hace referencia a la recuperación de territorio kankuamo, “lo cual evidencia que el retén no fue puesto por motivos de la pandemia de la covid-19. Ellos buscan expandir su territorio vulnerando los límites corregimentales establecidos”, precisó Daza.
Al respecto, el cabildo gobernador, Jaime Arias, comentó que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’, no ha impedido que la comunidad de Patillal circule por la vía e ingrese a La Mina. También aseveró que no se les ha cobrado por la entrada al territorio porque son “conscientes de los derechos que tiene la comunidad de Patillal”.
“A los miembros de los pueblos kankuamos, la comunidad de Patillal, entidades y a ciertos organismos no se les está cobrando. Solo se está haciendo una contribución solidaria para la conservación de los espacios naturales y culturales que son usados por personas que llegan al territorio”, argumentó Arias.
Explicó que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’ fue establecido por el Congreso Kankuamo para conservar los ejercicios culturales y preservar el ecosistema, pero además de eso también ha contribuido a la disminución de actividades que alteraban el orden público en esa zona.
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Sobre la presunta expansión del reguardo, Arias comentó que se debe hacer una adecuada interpretación de la norma que fija los límites de los asentamientos indígenas. En ese orden de ideas, señaló que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’ está en territorio kankuamo.
Agregó que el dinero recolectado en el espacio de regulación se envía a un fondo para la conservación y protección del medio ambiente. De ese rubro, el 60 % se destinan a las actividades ambientales y culturales, otro porcentaje para los ejercicios de monitoreo de la guardia indígena y actividades sociales.
El secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, manifestó que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’ está causando afectaciones en la comunidad de Patillal, la ciudadanía del municipio de Valledupar y a las personas de otras partes del país que deseen entrar a La Mina porque el portón está bloqueando una vía nacional.
El funcionario público subrayó que solo el Estado tiene la facultad de establecer un peaje o hacer un cobro de impuestos en una carretera nacional, por lo que dicho retén está violando la ley tomándose atribuciones que solo le competen al Gobierno nacional.
Por tal motivo, Galvis hizo un llamado a la comunidad kankuama, a los habitantes de Patillal y de Atánquez para que por medio del diálogo se resuelva dicha situación que podría poner “en peligro las limitaciones políticas administrativas del municipio de Valledupar”, debido a que otras comunidades también podrían establecer portones y puestos de control para cercar las vías del territorio nacional a la que todos los ciudadanos tienen el derecho de transitar.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb