Pocos temas de actualidad generan tanta incertidumbre e interés como lo es la Transición Justa y todo lo que ella abarca como proceso. En esta columna se hará mención sobre la importancia de impulsar diálogos sociales constructivos alrededor de esta temática, como pilar esencial para avanzar hacia una economía más sostenible y equitativa. 

Empecemos por decir que el término Transición Justa fue acuñado por primera vez por los sindicatos norteamericanos en la década de 1990 y que posteriormente fue adquiriendo relevancia en el debate público al representar esas banderas de lucha enfocadas hacia la protección social e integral de los trabajadores y las comunidades, que de una u otra manera se ven afectados por el que debe ser un remplazo progresivo de los combustibles fósiles por energías con más bajas emisiones. Para el año 2015 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un documento titulado ‘Directrices para una Transición Justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos´, terminando por darle esa relevancia que hasta el momento parecía no tener desde el punto de vista del capitalismo salvaje.

Hablar de Transición Justa significa incluir en las discusiones, variables relacionadas con aspectos vitales como lo son: economías sostenibles, biodiversidad y medio ambiente, comunidades, salud pública, diversificación productiva, reconversión laboral, componente minero-energético, gobernanza, gobernabilidad, rol de la academia, la sociedad civil y la investigación científica, entre muchas otras aristas (generales y especificas) que deben tenerse en cuenta si se quiere mitigar la crisis climática y avanzar hacia una verdadera Transición Justa con dignidad, sin que ello resulte un salto al abismo. 

Cuando se participa en espacios donde se aborda la Transición Justa, es palpable la necesidad que tiene la ciudadanía para que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en este proceso; y es que recordemos que no existe una receta única para la Transición, por el contrario, este un proceso democrático y complejo que debe ser construido y ejecutado con participación ciudadana debido a que cada territorio tiene sus propias particularidades que deben ser analizadas. 

En este punto, es importante mencionar que muchas veces no basta solo con participar, dado que se tiene una institucionalidad débil, desarticulada y que improvisa sobre la marcha, máxime cuando en Colombia se cuenta con el ´Pacto por la Justicia Ambiental, Empleos Verdes y Transición Justa´ firmado entre la OIT, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía en el año 2022, cuyo objetivo principal es implementar la ´Estrategia Nacional de Transición Justa de la fuerza laboral´ que promueva un proceso de descarbonización inclusivo, sostenible y que genere empleo decente en el país  (OIT, 2024).

Por lo anterior, es imperativo que se garanticen mecanismos de veedurías por parte de la ciudadanía y organismos de control para que se le dé cumplimiento a lo recogido en esos espacios de diálogo. 

Finalmente, hay que resaltar que el diálogo social es ese camino que puede facilitar el proceso para dirimir las contradicciones y diferencias que se tengan entre los diferentes actores, por lo tanto, es esencial para llegar a consensos y acuerdos que permitan avanzar en la Transición Justa para que así se puedan resolver las necesidades de la gente. Hay que seguir dialogando, construyendo país y trabajando por superar la crisis climática global y lograr las transformaciones que requiere nuestro territorio.

Por: Eudis De León Mendoza. Coordinador de Comunicaciones del Foro Ambiental del Cesar y miembro del Grupo de Dialogo Improbable sobre el futuro del corredor minero del Cesar.