Comerciantes aseguran que en las zonas de acceso para vehículos de carga y zonas de parqueo, cobran entre dos mil y tres mil pesos por concepto de parqueadero a los compradores y que este dinero es manejado por personas que han convertido un bien público en privado.
JAIR PIMIENTA
El enrejado que fue colocado de manera preventiva en la Galería Popular durante el tiempo de emergencia por COVID-19, será removido por la administración municipal por orden de un fallo judicial, decisión que ha generado opiniones divididas entre los comerciantes, ya que, unos apoyan la medida, mientras que otros la rechazan.
Lo que argumentan los que están de acuerdo con que las vallas sean levantadas es que, debido al encerramiento, las ventas han disminuido considerablemente, hasta el punto de que varios locales han sido cerrados y muchos comerciantes se han trasladado hasta el espacio público con sus negocios.
“Hay versiones de muchos compañeros que se han ido a la quiebra total, les ha tocado cerrar sus establecimientos de comercio y hay otros que este problema que tenemos en la actualidad, nos está tocando la economía y debemos mirar qué solución le vamos a dar a la problemática”, expresó Walter Gómez, comerciante de la galería.
Por otra parte están las personas que se mantienen en que el enrejado debe permanecer, aludiendo que desde su implementación, se han alejado los vendedores ambulantes que ocupaban esos espacios, también afirman que este sistema evita el ingreso de delincuentes, por lo que ahora es más seguro para los clientes.
“A mí me parece que es la mejor decisión que pudieron haber tomado, esto está pesado para todos pero me parece que nos ha beneficiado, por protección, por seguridad, más orden, estamos más organizados, no se ve ese desorden que se veía antes en la entrada, estoy de acuerdo con la permanencia de la reja”, manifestó Mariluz Guevara, comerciante.
Sumado a esto, algunos comerciantes aseguran que lo que en un principio se constituyó en algo positivo, ya que debido a la colocación de las vallas además de controlar el ingreso para que los visitantes atendieran las medidas de seguridad, se recuperó parte del espacio público que había sido ocupado por la informalidad, unos pocos aprovecharon para lucrarse de manera particular.
Se refieren a que, en las zonas de acceso para vehículos de carga y zonas de parqueo, cobran entre dos mil y tres mil pesos por concepto de parqueadero a los compradores y que este dinero que recaudan de dicha labor es manejado por personas que han convertido un bien público en privado.
“Estas rejas aquí no existían, anteriormente nosotros podíamos venir con libre acceso de movilidad, podíamos parquear el vehículo en el que nos transportamos en cualquier sitio y le colaboramos a la persona que estuviese pendiente pero hoy en día lo tienen comercializado, lo han privatizado y cobran dos mil pesos por moto”, dijo el ciudadano Agustín Rodríguez.
Mariela Santana, perteneciente al consejo directivo de la galería popular, enfatizó que los dineros que se recogen por concepto de arriendos de espacios dentro y fuera del lugar, están destinados para el sostenimiento de las instalaciones, dado que los rubros que se recolectan por concepto de administración no alcanzan para su sostenimiento.
Adicionalmente, manifestó que desde la parte administrativa no se oponen a que el enrejado sea quitado, aseguró que lo que le piden al alcalde es que recupere el espacio público perteneciente a la Galería Popular ya que esta valla es lo que impide que los invasores de espacio público se apoderen de algunas zonas.
“Señor alcalde si usted quiere hágalo, quite las rejas pero soluciónenos a nosotros primero el problema de espacio público porque nosotros pagamos impuestos, pagamos cámara de comercio ¿entonces quién nos defiende a nosotros?”, manifestó la comerciante.
Por su parte el secretario de Gobierno de Valledupar, Felipe Murgas, dijo en entrevista para EL PILÓN que este cercado que fue colocado de manera provisional durante la pandemia para regular el acceso de las personas que ingresaban hasta la Galería Popular, ya cumplió su función, por lo que se solicitó por parte de la comunidad, el retiro y recuperación del espacio público.
Expresó que tienen conocimiento de que existen intereses particulares de algunas personas que se encuentran allí haciendo uso de estos lugares que son del municipio y que están generando algún tipo de ingreso económico para particulares, por lo que en los próximos días la administración municipal procederá a recuperar estos espacios.
“Hay un fallo ya ejecutoriado, que nos obliga como municipio a la recuperación del espacio público y es el compromiso que tiene la administración municipal de hacer el retiro de la reja y de recuperar ese espacio que le pertenece a los vallenatos”, concluyó el funcionario.
Comerciantes aseguran que en las zonas de acceso para vehículos de carga y zonas de parqueo, cobran entre dos mil y tres mil pesos por concepto de parqueadero a los compradores y que este dinero es manejado por personas que han convertido un bien público en privado.
JAIR PIMIENTA
El enrejado que fue colocado de manera preventiva en la Galería Popular durante el tiempo de emergencia por COVID-19, será removido por la administración municipal por orden de un fallo judicial, decisión que ha generado opiniones divididas entre los comerciantes, ya que, unos apoyan la medida, mientras que otros la rechazan.
Lo que argumentan los que están de acuerdo con que las vallas sean levantadas es que, debido al encerramiento, las ventas han disminuido considerablemente, hasta el punto de que varios locales han sido cerrados y muchos comerciantes se han trasladado hasta el espacio público con sus negocios.
“Hay versiones de muchos compañeros que se han ido a la quiebra total, les ha tocado cerrar sus establecimientos de comercio y hay otros que este problema que tenemos en la actualidad, nos está tocando la economía y debemos mirar qué solución le vamos a dar a la problemática”, expresó Walter Gómez, comerciante de la galería.
Por otra parte están las personas que se mantienen en que el enrejado debe permanecer, aludiendo que desde su implementación, se han alejado los vendedores ambulantes que ocupaban esos espacios, también afirman que este sistema evita el ingreso de delincuentes, por lo que ahora es más seguro para los clientes.
“A mí me parece que es la mejor decisión que pudieron haber tomado, esto está pesado para todos pero me parece que nos ha beneficiado, por protección, por seguridad, más orden, estamos más organizados, no se ve ese desorden que se veía antes en la entrada, estoy de acuerdo con la permanencia de la reja”, manifestó Mariluz Guevara, comerciante.
Sumado a esto, algunos comerciantes aseguran que lo que en un principio se constituyó en algo positivo, ya que debido a la colocación de las vallas además de controlar el ingreso para que los visitantes atendieran las medidas de seguridad, se recuperó parte del espacio público que había sido ocupado por la informalidad, unos pocos aprovecharon para lucrarse de manera particular.
Se refieren a que, en las zonas de acceso para vehículos de carga y zonas de parqueo, cobran entre dos mil y tres mil pesos por concepto de parqueadero a los compradores y que este dinero que recaudan de dicha labor es manejado por personas que han convertido un bien público en privado.
“Estas rejas aquí no existían, anteriormente nosotros podíamos venir con libre acceso de movilidad, podíamos parquear el vehículo en el que nos transportamos en cualquier sitio y le colaboramos a la persona que estuviese pendiente pero hoy en día lo tienen comercializado, lo han privatizado y cobran dos mil pesos por moto”, dijo el ciudadano Agustín Rodríguez.
Mariela Santana, perteneciente al consejo directivo de la galería popular, enfatizó que los dineros que se recogen por concepto de arriendos de espacios dentro y fuera del lugar, están destinados para el sostenimiento de las instalaciones, dado que los rubros que se recolectan por concepto de administración no alcanzan para su sostenimiento.
Adicionalmente, manifestó que desde la parte administrativa no se oponen a que el enrejado sea quitado, aseguró que lo que le piden al alcalde es que recupere el espacio público perteneciente a la Galería Popular ya que esta valla es lo que impide que los invasores de espacio público se apoderen de algunas zonas.
“Señor alcalde si usted quiere hágalo, quite las rejas pero soluciónenos a nosotros primero el problema de espacio público porque nosotros pagamos impuestos, pagamos cámara de comercio ¿entonces quién nos defiende a nosotros?”, manifestó la comerciante.
Por su parte el secretario de Gobierno de Valledupar, Felipe Murgas, dijo en entrevista para EL PILÓN que este cercado que fue colocado de manera provisional durante la pandemia para regular el acceso de las personas que ingresaban hasta la Galería Popular, ya cumplió su función, por lo que se solicitó por parte de la comunidad, el retiro y recuperación del espacio público.
Expresó que tienen conocimiento de que existen intereses particulares de algunas personas que se encuentran allí haciendo uso de estos lugares que son del municipio y que están generando algún tipo de ingreso económico para particulares, por lo que en los próximos días la administración municipal procederá a recuperar estos espacios.
“Hay un fallo ya ejecutoriado, que nos obliga como municipio a la recuperación del espacio público y es el compromiso que tiene la administración municipal de hacer el retiro de la reja y de recuperar ese espacio que le pertenece a los vallenatos”, concluyó el funcionario.