Ante la polémica surgida por la propuesta, hecha por el Gobierno nacional, de suspender la Ley de Garantías Electorales, es conveniente analizar qué tanto ha servido esta norma para lograr los objetivos para la cual fue creada. Se trata de la Ley 996 de 2005, cuya finalidad es promover el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa y asegurar que los procesos electorales se cumplan en condiciones igualitarias y transparentes tanto para los electores como para los candidatos.
Uno de los objetivos específicos de esta ley es evitar que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen como medio en la campaña proselitista para favorecer a uno o varios candidatos. Es decir, blinda los recursos del Estado para que, durante los cuatro meses antes del día de las elecciones, no se usen para pagar favores políticos con fines electorales.
Pero las comisiones económicas de Cámara y Senado acaban de aprobar en primer debate un artículo que suspende las prohibiciones que establecía la Ley de Garantías Electorales, el cual fue incluido en el proyecto de presupuesto 2022, presentado por el Ministerio de Hacienda.
