Por un detrimento patrimonial de $2.914 millones, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en contra del senador electo, Didier Lobo Chinchilla, por los elevados sobrecostos en un contrato de alimentación escolar en diciembre de 2012, cuando era alcalde de La Jagua de Ibirico, el cual fue suscrito con la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales y financiado con recursos de regalías.
Por este mismo hecho, también se le imputó responsabilidad fiscal a la secretaria de Salud Municipal de la época, Cenith Echavez Ospino, y los integrantes de la empresa contratista: la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS, Industrias Alimentos y Cathering Catalinsa S.A.S., y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.
De igual manera, se profirió imputación en cuantía de $1.462 millones en contra de la exfuncionaria, por defectos de calidad de los productos adquiridos, ya que ella era la supervisora del contrato, así como a la firma contratista y los socios del interventor. Así las cosas, la cuantía total de la imputación asciende a $4.377 millones.
