La administración municipal de Valledupar fijó su postura frente a la decisión del Consejo de Estado que anuló el concurso de méritos de 2018. A través de su Oficina Jurídica, la Alcaldía anunció que acatará la sentencia, pero dejó claro que esta determinación “no ordena el retiro automático de los servidores públicos vinculados mediante ese concurso, ni dispone la revocatoria general de los nombramientos efectuados”.
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Ante el temor de despidos y la presión de más de noventa demandas que cursan en el Tribunal Administrativo del Cesar, el gobierno local apostará por un análisis detallado de cada nombramiento. “La regla es revisar caso por caso, pues el alcance de la sentencia no puede aplicarse de forma automática ni indiscriminada”, detalló la dependencia en su pronunciamiento.
El objetivo de este proceso técnico y jurídico es evaluar la situación de los 161 funcionarios que ganaron el concurso y que hoy están en la mira de los trabajadores provisionales desplazados. Durante esta revisión, la administración aseguró que protegerá los derechos adquiridos, garantizando la permanencia de quienes ya tienen “situaciones jurídicas consolidadas“.
