La Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla declaró ilegal la venta de la Finca La América, ubicada en el municipio de Chimichagua, Cesar. El negocio se había efectuado mediante la Resolución 158 del 30 de enero de 2025, cuando la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) transfirió el predio a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El fallo decretó la nulidad de la enajenación, al establecer que el inmueble se encontraba embargado desde marzo de 2023 por orden de la misma Magistratura de Control de Garantías. Como consecuencia, también se ordenó la cancelación de la anotación número 10 en el folio de matrícula inmobiliaria, donde había sido registrada la compraventa.
La Sala dispuso, además, la compulsa de copias penales, disciplinarias y fiscales a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que adelanten las investigaciones a las que haya lugar. La medida busca establecer eventuales responsabilidades en la operación que permitió la transferencia del predio pese a las medidas judiciales vigentes.
Ubicada en la vereda Perete del corregimiento Mandinguilla, en Chimichagua, Cesar, Las Américas tiene una extensión de 1.453 hectáreas y un avalúo de $26.200 millones. El pasado 23 de noviembre, ‘La América’ fue entregada por el presidente Gustavo Petro y el director de la ANT, Felipe Harman, a más de 100 familias campesinas que forman parte de las organizaciones Comisión por la Vida Digna y Territorio Agroalimentario de la ciénaga de Zapatosa.
Antecedentes del caso
En marzo de 2023, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Sala Penal de Justicia y Paz ordenó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la finca. El ente acusador argumentó que el inmueble tuvo relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al haber pertenecido a personas condenadas por concierto para delinquir con nexos paramilitares: Jaime Blanco Maya y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes.
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Pese a estas medidas, en enero de 2025 la UARIV decidió transferir el bien a la ANT bajo la figura de “enajenación temprana”. Paralelamente, la familia Rodríguez Pavajeau, a través de la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes SAS, reclamaba sus derechos de propiedad y solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares.
Qué dijeron las partes
Durante las audiencias, la Fiscalía advirtió que la ANT adelantó la compraventa del predio sin la autorización judicial previa exigida por la ley. “La enajenación resulta inoponible al proceso de Justicia y Paz; es decir, no produce efectos legales y deben mantenerse vigentes las medidas cautelares”, indicó el delegado del ente acusador.
La Procuraduría Judicial II Penal coincidió en que la venta no fue ajustada a derecho y solicitó que no se avalara.
En contraste, la UARIV defendió su actuación y sostuvo que la negociación se hizo en el marco de la normatividad vigente. Argumentó que la transferencia se ajustaba a la Ley 975 de 2005 y a la Ley 1448 de 2011, que regulan la administración de los bienes entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras respaldó la operación, alegando que se había aplicado un régimen especial del Plan Nacional de Desarrollo 2023 (Ley 2294) que permite la adquisición directa de inmuebles por parte de la entidad para impulsar la reforma agraria.
En oposición, los representantes de las víctimas y de la familia Rodríguez Pavajeau solicitaron la nulidad de la venta, al advertir que se había realizado pese a una solicitud de restitución en trámite y con un avalúo inferior al valor real del predio.
Razones del fallo
La primera razón que dio el Tribunal para declarar la nulidad fue que la finca La América estaba embargada desde marzo de 2023 y, según la ley, un bien bajo esa condición solo puede venderse con autorización judicial. La UARIV, que actuaba como administradora provisional del predio, realizó la transferencia a la Agencia Nacional de Tierras sin ese permiso, lo que convirtió la negociación en nula de pleno derecho.
En segundo lugar, la Sala advirtió que en el marco de Justicia y Paz únicamente se pueden vender bienes embargados cuando existe riesgo de ruina, deterioro o cuando resulta imposible administrarlos. En el caso de La América, ninguna de esas circunstancias se cumplía, ya que el predio estaba en condiciones de uso y producción. Por lo tanto, no existía justificación legal para adelantar la venta.
Una tercera razón fue que los bienes afectados con medidas cautelares en procesos de Justicia y Paz tienen como objetivo fortalecer el Fondo para la Reparación de las Víctimas. La enajenación irregular de la finca comprometía ese fin, al reducir el valor potencial del bien y afectar los recursos destinados a indemnizar a miles de afectados por el conflicto armado. El Tribunal recordó que dicho Fondo ya presenta un déficit superior a 4,3 billones de pesos, lo que hace aún más grave cualquier operación que lo debilite.
Finalmente, la Sala concluyó que la UARIV y la ANT invocaron de manera indebida el artículo 61.3 de la Ley 2294 de 2023, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, para justificar la operación. Esa norma no aplicaba a bienes embargados y, además, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en 2025. En consecuencia, el negocio carecía de sustento jurídico y debía anularse.
Lo que sigue
Con la nulidad declarada, la finca La América deberá regresar al Fondo para la Reparación de las Víctimas, bajo administración de la UARIV, hasta que la justicia defina su destino final. Mientras tanto, las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales determinarán si hubo responsabilidades de funcionarios públicos o de particulares en la irregular operación de compraventa.
