Durante la audiencia preparatoria de este martes ante la Corte Suprema, el abogado Alejandro Sánchez, defensor de la actual gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, presentó su arsenal probatorio para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades.
El penalista argumentó que la adquisición del lote en San Diego (Cesar) en el año 2017, cuando Sanjuán era alcaldesa, no obedeció a un interés de beneficiar a terceros, sino al estricto cumplimiento de políticas públicas trazadas previamente.
Contexto: Fiscalía destapa las pruebas contra la gobernadora del Cesar en juicio ante la Corte Suprema
Para sostener su teoría, la defensa solicitó la incorporación del Plan de Desarrollo 2016-2019 (“San Diego de Paz”) y de acuerdos municipales que datan de 2012 y 2013. Según Sánchez, estos documentos prueban que la necesidad de adquirir tierras en el corregimiento Nuevas Flores para soluciones habitacionales era una política pública heredada de administraciones anteriores y no una iniciativa repentina de la entonces alcaldesa. En cuanto a la presunta violación del principio de economía y transparencia, el abogado presentó la carpeta contractual íntegra para demostrar que existió una invitación pública de 60 días para recibir ofertas.
