El Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Valledupar acogió la solicitud de la Procuraduría General de la Nación y ordenó la protección del derecho a la salubridad pública de los habitantes del municipio de Chimichagua.
De esta manera, el órgano judicial ordenó “amparar los derechos colectivos, al goce de un ambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicio que garantice la salud pública de los habitantes de Chimichagua”.
Así las cosas, la alcaldesa Maritza Pérez Ramírez deberá en el término de seis meses adelantar las gestiones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras necesarias para las adecuaciones sanitarias del cementerio y la morgue del municipio.
